El pleno del Congreso aprobó anoche un proyecto de ley que prohíbe de forma permanente que los condenados con sentencias firmes por delitos de terrorismo, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas, delitos contra la libertad sexual y corrupción puedan postular a cargos de elección popular.
La iniciativa original, presentada por Fuerza Popular, contemplaba solo dos delitos: terrorismo y apología del terrorismo. Pero durante el debate, que se prolongó por varias horas, se acordó presentar un texto sustitutorio en el que fueron incorporadas las otras causales mencionadas, propuestas por Alianza para el Progreso.
En primera votación, el resultado fue de 77 adhesiones, 3 abstenciones y 4 votos en contra. Y se excluyó de segunda votación con 78 adhesiones, 3 abstenciones (todas de representantes de Acción Popular) y 3 votos en contra (de legisladores del Partido Aprista).
Esta prohibición, sin embargo, no afecta a quienes hayan recibido el llamado “indulto razonado o especial”; es decir, aquel que es concedido por autoridades políticas, no mediante la vía judicial.
“Estamos de acuerdo con las ideas centrales del proyecto: castigar los delitos que se han incluido. Pero no con que sean excluidos los indultados. Hay que recordar que se indulta una pena, pero no un delito. Si una persona ha sido indultada quiere decir también que se demostró que ha cometido delito. Por eso nuestro voto en contra”, dijo el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén a El Comercio después de la votación.
La parlamentaria de Fuerza Popular Úrsula Letona, presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, destacó la importancia de la aprobación de esta ley en un año preelectoral. “El país necesita mejores candidatos y mejores autoridades. Las elecciones regionales [y municipales] del 2018 están a la vuelta de la esquina y no tenemos más tiempo para detenernos. La democracia necesita candidatos idóneos”, afirmó.
Arduo debate
En la discusión previa hubo más de un cruce de palabras –algunos cercanos al insulto– entre los legisladores de Fuerza Popular y los de las bancadas de izquierda: Frente Amplio y Nuevo Perú.
En uno de los episodios más álgidos, Humberto Morales (Frente Amplio) exigió que se sancione también a quienes hicieron “terrorismo de Estado” durante la guerra contra la subversión. En respuesta, Carlos Tubino (Fuerza Popular) lo calificó de “proterrorista”.
Luego intervino Lourdes Alcorta, colega de bancada de Tubino, quien acusó a Morales de haber agredido a la policía, en alusión a la huelga de maestros de este año.
