A través de un comunicado, los miembros de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura informó la aceptación del pedido de licencia solicitado por Hernán Espinoza Ayala, sobre quien pesa una orden de búsqueda y captura tras dictarse 9 meses de prisión preventiva en su contra por el asesinato del comunero Joel Franklin Pazo Tume, ocurrido el pasado 29 de septiembre.
Sin embargo, la comunidad cuestiona que la investigación de esta muerte se realice con “una inusitada celeridad por parte de la fiscalía de Sechura que no se ha observado en los otros casos que se han denunciado, como el de la muerte del comunero Ramos Alberto Litano Elías”, ocurrida el pasado 5 de julio debido a impactos de bala.
La Junta Comunal, hoy presidida por el vicepresidente, Raúl Chunga Ruiz, pide a las autoridades brindar las garantías de seguridad necesarias, puesto denuncian que personas del mal vivir rondan la ciudad de Sechura y sus anexos con la finalidad de intimidar y amedrentar a los directivos de la Comunidad y de la Fundación Comunal, incluso amenazándolos vía telefónica. “A pesar de haber puesto las denuncias pertinentes, vemos una completa inacción de las autoridades públicas”, se lee en el comunicado.
La otra muerte ocurrió el pasado 22 de abril en la mina de sal de Sechura. La víctima fue Edinson Niño Villacorta. Su muerte también está en investigación. En este caso, el autoproclamado representante de la Junta Transitoria, Henry Zavaleta, fue citado para declarar, pero aún no se esclarece el caso.
