Se inició juicio oral contra ex alcaldesa de Castilla por el caso H&B

Después de tres postergaciones, se inició el juicio oral contra la ex alcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta, siete ex funcionarios de su gestión, tres trabajadores del consorcio H&B y el gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Exportadoras (COOPEX), por la presunta irregular entrega de la obra de agua y alcantarillado de 14 asentamientos humanos del distrito al consorcio H&B.

Previa al inicio del juicio oral, ante la inasistencia del gerente general de COOPEX, José Valderrama Contreras, el juez Ronald Soto Cortez declaró a este último como reo contumaz, requiriendo que se giren las órdenes para su ubicación y captura.

Asimismo, Ronald Soto Córtez designó un defensor público para la defensa legal de José Valderrama Contreras, quien como se recuerda, pesa sobre él una orden de captura internacional debido a que su representada COOPEX está involucrada en el caso de la red de corrupción del empresario Rodolfo Orellana, quien actualmente está en prisión.

En el caso H&B, a José Valderrama Contreras se le acusa de haber presentado cartas fianzas falsas en el proceso de licitación de la obra de agua y alcantarillado de 14 asentamientos en el sector noroeste de Castilla.

Cabe indicar que la audiencia fue suspendida por el juez Ronald Soto Cortez para ser continuada el próximo lunes 16 de noviembre, fecha en la que rendirán su manifiesto tres testigos presentados por la Fiscalía Anticorrupción.

Al término de la audiencia, la ex alcaldesa de Castilla, Violeta Ruesta, de manera rauda abandonó la Corte Superior de Justicia sin dar declaraciones a la prensa.

Por su parte el dirigente de Castilla, César Palomino, dijo que la instalación del juicio oral en este emblemático caso es un paso importante para que se continúe con las investigaciones.

El dirigente recordó que la Fiscalía ha solicitado para la ex alcaldesa doce años de pena privativa de la libertad y una inhabilitación de doce años para ejercer cargos públicos.

Asimismo se solicita doce años de pena privativa contra los ex funcionarios por los presuntos delitos de colusión agravada y omisión de actos funcionales, finalizó el dirigente.

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