En la región Piura el proyecto minero Río Blanco es conocido ya desde la década pasada, cuando bajo el nombre de Majaz, el proyecto quiso imponerse pese al rechazo de la población de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, zonas de la sierra donde Pedro Castillo obtuvo una votación mayoritaria.
Hace unos días y tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo, Rubén Jiménez Carrión, expresidente de la Central de Rondas Campesinas de Ayabaca, reiteró el rechazo de la tierra del Cautivo al Proyecto Río Blanco. El dirigente ronderil confía en que el nuevo gobierno no dé luz verde a este proyecto pues “ha sido rondero y conoce nuestras necesidades y nuestras marchas contra el proyecto”, manifiesta Jiménez.
Consciente de que la provincia de Ayabaca necesita ingresos económicos para el desarrollo de su población, Rubén Jiménez le pide al electo presidente que apoye otras importantes actividades económicas como la agricultura, ganadería y el turismo. El dirigente ronderil asegura que en el país, donde hay un proyecto minero, no se aprecian avances en favor de la población que vive en las zonas de extracción
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Quien también expresa su rechazo con el proyecto Río Blanco es el expresidente de la Central de Rondas Campesinas de Huancabamba, Isaac Huamán Correa, quien confía en que, como el electo presidente Pedro Castillo fue rondero, conoce muy de cerca lo que tienen que enfrentar por oponerse a la minería. “Castillo ha sido rondero de Cajamarca y conoce de cerca esta actividad, eso nos da confianza y nos hace creer que el electo presidente no permitirá que el proyecto prospere”, manifiesta Isaac Huamán.
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El dirigente ronderil también espera que el gobierno de Pedro Castillo tome en cuenta otras actividades económicas en Huancabamba que generen ingresos económicos a la provincia, como por ejemplo, la producción de trucha, papa y fomentar el turismo. “Sabemos que la minería da ganancias solo a los grandes capitalistas, pero no al pueblo”, opina Huamán Correa.
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Dato: El Observatorio de Conflictos Mineros advierte que el 23% del territorio de la región Piura está concesionado a la minería. A eso se suma que a fines del año pasado se establecieron 21 concesiones mineras para la empresa Nueva Arco Iris en el valle de San Lorenzo, sin haber hecho ninguna consulta a la población. El gobierno luego anuló esa concesión por presión de las autoridades locales.
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