La Residencial Miguel Grau de Piura está construyendo un enrejado perimétrico que no solo ocupa parte de la vía pública, sino que, según los vecinos, podría estar impulsado por presuntos intereses económicos. Además, afirman que la instalación no cuenta con el permiso de la Municipalidad Provincial de Piura y ya tiene un avance del más del 50 %.
En conversación con Cutivalú, los moradores que se oponen a este enrejado agregaron que la instalación pone en riesgo a las personas que transitan por la zona, debido a que las rejas se ha fijado sobre bases inconsistentes y sobre muros de más de 70 años, que no prestan las garantías de seguridad. A esta informalidad se le suma el hecho de que los muros, ubicados en la Av. Guillermo Gulman, pertenecen a la comuna piurana. Es decir, son de propiedad estatal.
Invaden vía pública
Asimismo, detallan que la colocación de estas rejas invade las veredas y bloquea el tránsito peatonal, obligando a las personas a caminar en las pistas.
«Están apoderándose de las veredas que le pertenecen al Estado. Las veredas son de uso público. Esto se viene enrejando como que si fuera una propiedad privada y no lo es. Las dos hectáreas de la Residencial Miguel Grau son del Estado, porque las ha construido el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y, por ende, las veredas, pistas, estacionamiento, piscina, complejo deportivo, áreas verdes le pertenecen a los piuranos, no a los propietarios de los departamentos. Es más, en la partida de la urbanización, [la residencial] está inscrita a nombre del MVCS«. Así loindicó un vecino que prefiere mantener su identidad en reserva.
A pesar de las numerosas denuncias y alertas a la Municipalidad Provincial de Piura, el enrejado continúa extendiéndose, generando preocupación y malestar en los vecinos.
Presuntos intereses económicos de por medio
En esa línea, los vecinos indicaron que 25 de los 106 dueños de los departamentos de la zona ha conformado la Asociación de Propietarios de la Residencial Miguel Grau, la misma que viene impulsado estos trabajos, sin contar con permisos municipales ni sustento técnico.
Según los vecinos, esta directiva, que no tiene respaldo mayoritario, viene alquilando, desde hace 10 años, la piscina pública que se encuentra en la residencial. Según indican, el negociado les habría generando ingresos del que no rinden cuentas. «Son más de 70 mil soles anuales», precisan.
Agregan que la construcción del enrejado permitiría a la directiva convertir la residencial pública en un condominio privado, lo que facilitaría no solo el alquiler de la piscina, sino también de otros espacios públicos, como el área de estacionamiento.
«Se les ocurrió la brillante idea de enrejar todo el perímetro. ¿Qué dijeron? ‘Te vamos a cambiar la categorización, ya no vas a ser urbanización, sino condominio. Entonces, todo lo que está dentro del condominio, es privado. Es decir, ese parque, piscina o complejo deportivo, ya será privado; además, van a pagar por obras complementarias. Allí vamos a poder alquilar, sin ningún problema'», señalan.
Hasta el cierre de esta nota, nos comunicamos tres veces con la presidenta de la Asociación de Propietarios de la Residencial Miguel Grau, Gisely Flores Torres, pero no nos brindó información al respecto.
¿Qué dice la Municipalidad Provincial de Piura?
Ante esta preocupante situación, en febrero y mayo 2024, los vecinos se reunieron con el alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, para dar solución al problema. Pero, según indican, lo único que se hizo es disponer la paralización de la obra, orden que la directiva ignoró. «El alcalde sabe de esto y no hace nada. Está de brazos cruzados. ¿Por qué? No sabemos«, indicaron indignados.
Piden acciones a Fiscalización
Días después, el 13 de junio de 2024, se envió un memorándum a la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Piura para que retirara toda la infraestructura. Sin embargo, recién el 8 de agosto se dio atención al documento, pero, solamente, para imponer una multa y realizar lo mismo: ordenar la paralización. La directiva desobedeció y los trabajos continúan con normalidad.
En medio de las críticas por estas «medidas poco efectivas», el Subgerente de Fiscalización y Control Municipal de Piura, Danilo Gallo, alegó que, antes del retiro, se debe cumplir con otros procedimientos. «El tema es que las medidas complementarias se aplican a posteriori. Primero iniciar con la acta de constatación y la papeleta, que ya lo hemos hecho, los procedimientos siguientes se harán conforme a las medidas complementarias y la ordenanza 125″, precisó para Cutivalú.
Retiro inmediato
Sin embargo, el exjefe de Fiscalización de la Municipalidad de Piura, Juan Carlos Álamo Castro, cuestionó este actuar y señaló que el área de Fiscalización debería haber procedido con el retiro inmediato del enrejado porque no hay nada que subsanar: el área pública es intangible.
«Fiscalización sí puede advertir que no va a haber un permiso por más que se realice [subsanaciones]. Si es un espacio que vulnera el libre tránsito, en la vida se le va a dar una autorización municipal, por lo tanto allí depende el retiro inmediato. Basta que haya cogido un pedazo de vereda, ya es un tema que no va. Allí la Municipalidad, por criterio de razonabilidad, sabiendo que la MPP jamás va a dar autorización para que se construya en vereda o en un espacio que vulnere la libertad de tránsito, estas no van a tener nunca una autorización municipal, por lo que corresponde la sanción y su retiro inmediato», dijo Álamo.
Por lo pronto, los vecinos continúan exigiendo a la Municipalidad de Piura el retiro del enrejado y coordinando acciones para hacer escuchar su pedido.
