La población piurana espera con ansias que el proyecto de masificación del gas se complete para contar con este recurso de manera directa en sus hogares, sin embargo, esta ansiada obra corre riesgo de no llegar a su fin.
Tal como informó Gasnorp, empresa responsable de la distribución de gas natural en la región Piura, al igual que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), apeló la sentencia emitida por el Juzgado Civil Permanente de Talara que declara fundada en parte las pretensiones de la empresa Gastalsa.
Como se recuerda, el contrato de concesión de Gastalsa fue declarado caduco en el 2009, al haberse probado que incumplió con sus obligaciones durante más de una década, pero la empresa judicializó dicha medida, Por tanto, de solicitarse una medida cautelar en el proceso, se generaría una paralización de toda la masificación de gas natural en la región Piura, negando la posibilidad de contar con el servicio público a más de 64 mil familias.
Al respecto, el exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio Aita, calificó de absurda esta situación pues “como es posible que la empresa Gastalsa, que anteriormente tuvo la concesión y la perdió por incumplimiento, ahora sea una amenaza y ponga en riesgo el proyecto que es favor de la población. Deben intervenir las autoridades respectivas porque no se puede afectar a tanta gente, eso ya fue resuelto anteriormente”, remarcó.
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Para Gamio Aita no se puede perjudicar a terceros o a la ciudadanía con este proceso judicial. Considera que la medida que quiere iniciar la empresa Gastalsa está incluso “fuera de tiempo”, pero puede hacerlo ante las instancias correspondientes sin afectar a la población dejándola sin el recurso del gas a domicilio.
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Sobre los derrames de petróleo
Tras el informe publicado por Cutivalú donde se advierten los perjuicios para los pescadores artesanales de Cabo Blanco debido a los constantes derrames de petróleo. El exviceministro de Energía y Minas señaló que la normativa para la extracción de hidrocarburos es muy clara justamente para evitar estas situaciones que atenten contra la vida y el ambiente.
“Las normas son claras, se debe tener una embarcación con skimers para atrapar de manera inmediata el petróleo derramado, además de barreras de contención y un sistema de respuesta urgente, lo cual debe ser monitoreado y supervisado de manera constante por las instituciones correspondiente del Estado”,
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Pedro Gamio remarcó que se debe aplicar una sanción ejemplar para que no se produzcan derrames de petróleo en el mar ni en ningún lugar del país. Además sostuvo que las normativas señalan que los responsables de esta problemática deben responder ante el Estado, restaurar la zona afectada e indemnizar a los afectados.
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