La Procuraduría Pública del Gobierno Regional solicitó al Poder Judicial anular dos ventas de terrenos del Proyecto Especial Chira–Piura (Pechp), por irregularidades cometidas en los procesos.
El pedido se hizo a través de una Acción Contenciosa Administrativa, presentada por la procuradora pública Rosa Chinchay Labrín el último lunes 5 de marzo ante el Primer Juzgado Civil de Piura.
Se trata de los contratos de compra-venta N° 16 y 18. Los demandados en el primer caso son la Asociación de Agricultores y Ganaderos Luis Alberto Sánchez y los funcionarios del Pechp, mientras que, en el segundo caso, son el ciudadano Kenny Leigh Arámbulo y funcionarios del Pechp.
Sin embargo, hay otros 14 procedimientos de ventas efectuados sin cumplir las normas, según indicó a Cutivalú el abogado Jaime Távara Alvarado, secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción.
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Távara explicó que una irregularidad detectada es que se vendió una cantidad de hectáreas de terrenos eriazos que supera lo establecido por la norma. “Esto es grave”, sostuvo. Además, otra irregularidad es en cuanto a la finalidad de los terrenos, algunos de los cuales fueron comprados por una inmobiliaria, pese a que el espacio debe ser usado para fines agrícolas y no de expansión urbana.
Jaime Távara recordó que las irregularidades fueron advertidas el año pasado, cuando el Consejo Regional cuestionó dichas ventas y recomendó al Gobierno Regional y al Pechp que se paralicen 71 procedimientos de venta en trámite.
El Consejo Regional consideró que estas transferencias de terrenos se hicieron a sus espaldas, cuando, según la norma, se les debió consultar. Por ello, esperan que se impongan medidas cautelares a los 14 procesos restantes, para evitar que los nuevos propietarios de las tierras las vendan.
