Durante el Mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte entregó cinco iniciativas al Congreso de la República, entre ellas el proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad; ante esto, Juan Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, advierte que norma es inconstitucional e inviable en lucha contra la inseguridad en el país.
Como expresó el especialista, “la función policial está en la constitución política y en esta solo existen dos tipos que son parte del engranaje policial: los oficiales y suboficiales, con sus respectivos grados. Sin embargo, ahora se quiere incorporar a un tercer grupo que no forma parte de la carrera policial, que no es constitucional; y sobre todo, su forma de incorporarse vía contratos, no ayuda absolutamente en nada a luchar contra la criminalidad”
Asimismo, Quispe señaló que norma consiste en una tercerización de las funciones, lo que implica “la eliminación de la cadena de mando para atribuir responsabilidades penales, a título de autor mediato y directo; y en ese contexto, si en el ejercicio de sus funciones se ocasionan muertes o lesiones, los únicos autores directos serían estos policías de orden y seguridad”
De igual forma, el abogado de IDL advirtió que no existe una correlación entre las declaraciones del Ejecutivo y el proyecto de ley presentado. Según la norma, las funciones de esta nueva policía consisten en la capacidad coercitiva y el uso de la fuerza. Realizar labores de vigilancia, prestar auxilio y protección inmediata, apoyar en la descongestión del flujo vehicular, apoyar intervenciones, entre otras.
“Me parece desproporcionado que el ministro (Alberto Otárola) salga a los medios de comunicación a decir: ‘con esto vamos a acabar con el crimen organizado’, cuando en la norma presentada no se ha establecido esto. No hay una correlación entre el título Policía de Orden y Seguridad, con lo que nos dice Boluarte y el ministro del Interior, donde para ellos, esta policía luchará contra el crimen organizado, cuando en realidad no es así”, subrayó Quispe.
Finalmente, para el especialista el Ejecutivo tiene una lectura equivocada sobre cómo hacerle frente a la delincuencia y la norma sería inviable para acabar con esta problemática que domina en el país.
Piura: producción agrícola en riesgo por lluvias, afirma especialista de Senamhi
