Hace unas semanas, la secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Educación del Perú (Sutep) de Piura, Juana Ordinola Alama, denunció que el dinero asignado para el pago de la deuda social de las y los docentes piuranos no alcanza ni siquiera para pagar a las y los docentes incluidos en el decreto ministerial donde se se autorizó la transferencia de mil 200 millones a los gobiernos regionales para liquidar la deuda social a un total de 102 mil 529 docentes a nivel nacional.
Es por esto que integrantes del Sindicato Magisterial (SIMA) y el Sindicato Unitario de Trabajadores Administrativos de Centros Educativos e Institutos Superiores Regional de Piura (SUTACE) protestaron en el frontis del Gobierno Regional de Piura y denunciaron que son 4 mil 500 docentes los que se han quedado sin este pago.
Miguel Puescas Rodríguez, secretario regional del SIMA-Región Piura, mencionó que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda, les informó que esto se debe a que el Gobierno Regional (GORE) de Piura no levantó observaciones técnicas.
“Faltan algunas de estas informaciones técnicas como la falta de un número de DNI, número de sentencia hace… todo es una cuestión burocrática y, lamentablemente, han sido sacrificados docentes y administrativos”, aseveró.
Acuerdo roto
Según narra el dirigente, el GORE Piura debía remitir un informe técnico según el acuerdo aprobado en presencia del congresista Jorge Montoya Manrique, el ministro Contreras Miranda y los dirigentes del SIMA. “El día de hoy se debe enviar el informe técnico para que avance y reivindique a los colegas y administrativos que han sido excluidos del decreto supremo N° 113-2023-EF de pago de la deuda social del 30 %”.
“Si no fuera así, queda bajo la responsabilidad de ellos (GORE) porque ya se está destinando un posible presupuesto para reivindicar ese derecho que corresponde. Si no fuera así, que igual dejen un informe técnico”, indicó.
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