Los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas siguen en incertidumbre ya que aún no pueden recibir clases presenciales debido al proceso de allanamiento, descerraje e incautación de numerosos inmuebles del centro universitario.
En Piura, son alrededor de 295 universitarios quienes se han visto perjudicados, a nivel nacional la cifra supera los 7 mil.
En la región, por ejemplo, los estudiantes no pueden acceder a las áreas tecnológicas, por lo que los equipos especializados están guardados. “En Piura hay un cambio notorio desde cuando la universidad estaba en un proceso de licenciamiento a como está ahora, antes ni siquiera teníamos un piso”, expresó Alexander Cueva, uno de los estudiantes afectados.
Asimismo, el estudiante del décimo ciclo de la carrera de Comunicación explicó que la sede de Piura de la Universidad Alas Peruanas, es la única que aún no regresa a la presencialidad.
“Todas las universidades ya empezaron la presencialidad, no es lo mismo llevar una clase virtualmente que presencial. Como estudiante, como persona, pedimos que cese el perjuicio hacia los estudiantes universitarios, merecemos respeto”, expresó Cueva.
Por otro lado, Alexandro Raymundo, estudiante del décimo ciclo de Administración y Negocios, manifestó que es injusto que dicha casa de estudios, cuyos costos son accesibles para los jóvenes se encuentre en esta situación de incertidumbre.
“Es injusto que nos estén robando ese sueño, meta y anhelo de crecer profesionalmente, la Universidad Alas Peruanas iba acorde a nuestro nivel económico”, expresó.
Investigación
El fiscal adjunto supremo de la Autoridad Nacional de Control (ANC), Javier Luna García, resolvió investigar al fiscal especializado en Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque, luego de haber sido denunciado por presunta inconducta funcional por parte de la Universidad Alas Peruanas (UAP).
La defensa de la UAP interpuso ante la ANC una queja contra el fiscal Wilson Salazar por haber encabezado el allanamiento, descerraje e incautación de numerosos inmuebles del centro universitario, el 11 de abril de este año, cuando había vencido la orden que emitió el juez Víctor Zúñiga Urday.
El 14 de marzo último, el magistrado Zúñiga accedió al requerimiento del fiscal Wilson Salazar para intervenir las propiedades de la UAP como parte de una investigación de lavado de activos. La autorización del juez tuvo una duración de dos semanas, la que expiró el jueves 6 de abril. Pero el fiscal Salazar consumó las incautaciones el martes 11 de abril.
El mismo día de los hechos, la representante legal de la UAP, Flor Vargas Peña, dejó constancia en un acta que el fiscal Wilson Salazar procedió a la intervención de los inmuebles, vehículos y avionetas, cuando había expirado el mandato de dos semanas del juez Víctor Zúñiga.
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