Por Fernanda Vegas
La violencia contra la mujer a nivel nacional se ha incrementado durante la pandemia. Hasta el 2018, se registraron 2 mil llamadas a la línea 100 para denunciar casos de agresión en Piura, sin embargo, para el 2020, la cantidad de llamadas se cuadruplicó. Este indicador también se ha visto reflejado en los embarazos de niñas y adolescentes, pues solo este año, en el Perú se han reportado 149 menores de 14 años embarazadas, 12 de estos casos se reportaron en Piura.
De acuerdo a lo informado por la directora de la ONG Centro Ideas, Milagros Mendoza Urbina, en entrevista con Cutivalú, el año pasado a nivel nacional, se reportaron 1 162 partos de menores de 14. De esta cantidad, 32 sucedieron en Piura y una de las víctimas fue una menor de 10 años.
Solo en Piura, el 11% de las denuncias reportadas son por violencia sexual. Milagros Mendoza señaló que, precisamente, producto de estas agresiones sexuales, se generan los embarazos en niñas y adolescentes.
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Además, señaló que el embarazo a temprana edad vulnera los derechos de las niñas y afecta su salud mental y física. Al respecto, Pablo Juárez Vílchez, obstetra y representante de la Dirección Ejecutiva de Educación y Organización Comunitaria de la Diresa, indicó que el organismo y la estructura ósea de las menores no están preparados para el embarazo. “Ellas ni siquiera tienen la noción de por qué crece la barriga, por qué debe ir a su control prenatal o por qué tiene que hacerse la cesárea”, detalló el médico.
“El embarazo en menores es un acto deshumanizado”, enfatizó Pablo Juárez. Por ello, señaló que es responsabilidad del Estado proteger los derechos de las niñas y adolescentes y evitar que sean madres a edad temprana.
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Protocolo de prevención
El rol del Estado en estos casos consiste en entregar kits de emergencia con medicamentos para prevenir el embarazo y la infección por enfermedades de transmisión sexual. Idealmente, el Gobierno Central debe garantizar el abastecimiento de las medicinas del kit y para que sean entregados a las víctimas en los centros de salud. Los Centros de Emergencia Mujer y comisarías deben atender las denuncias de violencia sexual con prontitud, asegurando un seguimiento médico, psicológico y legal. Además, se debe garantizar la captura del agresor y la reintegración de las menores a la sociedad y a sus actividades escolares con normalidad.
Sin embargo, en la práctica, el sistema es completamente distinto. Pablo Juárez Vílchez señaló que, para empezar, el Estado no siempre garantiza el abastecimiento de los medicamentos que debe incluir el kit. “Tenemos más problemas con los retrovirales que vienen dirigidos para las personas que sufren de VIH, es un poco estar peleándonos constantemente para poder obtener el kit en los establecimientos de salud”, señaló el médico. La Diresa intenta cubrir las dificultades abasteciendo, sobre todo, a los establecimientos I-4 y gestionando la rotación de los kits a otros centros si es necesario.
Sin embargo, esta no es la única dificultad que se debe superar. Dentro de los centros de salud, comisarías y CEM, el personal debe estar sensibilizado e informado para actuar de forma inmediata, pues los medicamentos del kit de emergencia solo servirán durante los tres primeros días después de ocurrida la violación. “Si se produce una demora ya se está vulnerando el derecho”, precisó el especialista de la Diresa.
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En caso de que la denuncia de violencia o la atención del caso demore más de lo debido, la entrega del kit ya no será obligatoria ni necesaria. El coordinador regional de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) en Piura, Carlos Arcaya Mogollón, explicó que, pasados los tres días después de la violación sexual, ni la pastilla para evitar el embarazo ni los retrovirales garantizarán su efecto. “Si se denuncia la agresión un mes después, por ejemplo, solo se hace un control médico para determinar si la víctima tiene un embarazo o ha contraído una enfermedad de transmisión sexual”, señaló Arcaya.
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Aunque según Pablo Juárez, la entrega de kits de emergencia aún es limitada, Carlos Aracaya señaló que los CEM se encargan de acompañar a las víctimas de violencia sexual hasta los establecimientos de salud para verificar la entrega de los medicamentos del kit en el tiempo correspondiente.
Prevención desde los colegios
Para asegurar que todo el sistema preventivo funcione, la Educación Sexual Integral (ESI) es un eslabón clave. La docente y especialista en temas de Género y Desarrollo Social, Ortelia Valladolid Bran, señaló que el embarazo en niñas y adolescentes se ocasiona por causas como la falta de educación y temas ligados a esta, como son el analfabetismo, el machismo y el trabajo infantil.
Hasta antes de la pandemia de la covid, los temas de educación sexual eran tratados sobre todo en las horas de tutoría. Sin embargo, a pesar de que el confinamiento ha significado el incremento de casos de violencia, la educación sexual ha quedado relegada de las clases virtuales.
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Además, destacó la importancia de implementar el enfoque de género en los planes de Educación para reducir la cultura machista, la violencia y los embarazos en adolescentes, sin embargo, señaló que algunos docentes no están capacitados para alcanzar a sus alumnos la información adecuada. “Les falta sensibilizarse sobre el tema porque pasa por un entendimiento del enfoque de género, una clarificación de conceptos de estereotipos de géneros, el enfoque de igualdad de género, de los derechos. Eso ahora está débil”, detalló la especialista, quien consideró que la educación sexual debe reforzarse con la estrategia Aprendo en Casa.
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Los especialistas consultados por Cutivalú coincidieron en que, a pesar de que las instituciones han creado nuevas estrategias de prevención de la violencia contra la mujer, aún quedan muchos puntos por reforzar para asegurar la integridad de las niñas y adolescentes.
Derecho al aborto terapéutico
Si el protocolo de prevención implementado por el Estado no funcionó. Las niñas, adolescentes y mujeres en general que presentan riesgo físico o mental en el embarazo pueden recurrir al aborto terapéutico. El obstetra Pablo Juárez, explicó que el aborto terapéutico se aplica, por ejemplo, en caso de que una enfermedad complique el embarazo de la madre y ponga en riesgo la vida de la gestante, independientemente de si se ha producido o no una violación.
Según la norma, el aborto terapéutico puede realizarse dentro de las 22 semanas de embarazo. La gestante debe acudir a un hospital, pues solo los nosocomios pueden llevar a cabo este protocolo. Una vez realizado, el Estado debe garantizar un seguimiento médico, social y legal, dependiendo del caso.
Sin embargo, la directora de Centro Ideas, Milagros Mendoza, señaló que en Piura los casos no se detectan a tiempo para aplicar el aborto terapéutico. Por ello, indicó que es fundamental reforzar el sector salud para monitorear la violencia en niñas y adolescentes y brindar una atención más oportuna.
¿Dónde denunciar casos de violencia?
En caso de violencia puedes denunciar a la Línea 100, 1810 o al 105 de la PNP; también puedes acudir a la comisaría más cercana o con tu teniente (a) gobernador(a).
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