La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, aseguró que más de 400 mil familias se perjudicarán tras descubrir indicios de corrupción en el proyecto de agua potable y desagüe en Piura.
Reveló que ha encontrado indicios de que la presunta organización criminal enquistada en su cartera, durante la gestión de Geiner Alvarado y su jefe de gabinete Salatiel Marrufo, también operaba en una obra del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU): el proyecto de agua potable y alcantarillado para 96 asentamientos humanos en Piura y Castilla.
“Este es el programa que mayor presupuesto tiene; por lo tanto, todo indicaría que es parte del botín que la presunta organización criminal, que operó en el Ministerio, también la tomó”, dijo. Además, indicó que se está determinando el mecanismo de actuación de la organización.
“Hemos descubierto que se conformaron comités de selección con personas del propio Ministerio, pero algunas de ellas no cumplían los requisitos que estipula la ley, como el tener declaración jurada de intereses”, explicó la ministra.
Como se recuerda, el proyecto, que tiene un valor de 561,7 millones de soles, Pérez de Cuéllar precisó que han encontrado indicios sobre irregularidades; “una de ellas es que no se integraron correctamente las bases”. Es decir, “no se transparentó toda la información para que los demás postores o que todos los postores tuviesen acceso a toda la información”, sostuvo.
Es así que tres integrantes del Comité de Selección del PNSU han sido sindicados de haber orientado el contrato a favor de la empresa Tiesiju y fueron separados de sus cargos hasta que duren las investigaciones. Ellos fueron designados en la gestión de Geiner Alvarado y son Liz Vargas Cárdenas, presidenta del comité; Franklin Santos Soto, primer miembro; y Humberto Flores Albornoz, segundo integrante.
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