En un nuevo operativo a las municipalidades de la región Piura, la Contraloría determinó que 9 de estos gobiernos locales no cuentan con un plan de prevención y reducción del riesgo que les permita afrontar una situación de desastre.
Entre las municipalidades provinciales que no han cumplido con sus planes de prevención, figuran Huancabamba, Morropón y Paita; mientras que en las distritales están Buenos Aires, La Matanza, Castilla, El Tallán, Tambogrande y Vice. En tanto, el Gobierno Regional de Piura no cuenta con dos planes específicos, referidos a preparación y contingencia.
Cabe precisar que el Perú es un país expuesto a riesgos de desastres naturales como los ocurridos con el Ciclón Yaku, el Fenómeno El Niño Costero, las heladas y friajes, entre otros. Por ello, a través de la Ley N° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) con la finalidad de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros y desarrollar la preparación ante situaciones de desastre.
El control gubernamental forma parte del Operativo Nacional de Control denominado “Gestión del Riesgo de Desastres, ocasionados por los fenómenos naturales climatológicos 2023”, y se realizó a una muestra de 21 entidades públicas, entre el 1 de junio al 11 de agosto del 2023.
El 90% de municipalidades no cuenta con el Plan de Continuidad Operativa, a través del cual se implementan las medidas orientadas a mantener ininterrumpidas las actividades críticas identificadas en las entidades, a fin de proveer los servicios a la población ante la ocurrencia de una emergencia o desastre.
Así también el 81% de comunas no tiene los planes referidos a las Operaciones de Emergencia, Educación Comunitaria y Rehabilitación. En la misma línea se verificó que el 67% de gobiernos locales no dispone de un Plan de Contingencia, el cual es un instrumento técnico de planeamiento específico y gestión obligatorio, cuyo propósito es proteger la vida humana y el patrimonio.
El informe de control consolidado fue notificado al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como ente rector del SINAGERD, para que se adopten las acciones correctivas correspondientes, a fin de proteger la vida de la población, el patrimonio personal y del Estado.
