El Consejo Regional de Piura aprobó denunciar penalmente al gobernador regional Servando García Correa por la presunta omisión de funciones en el caso de las cartas fianzas falsas. Por este caso, su exhombre de confianza, Jesús Torres Saravia, deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva.
La autoridad regional no asistió a la sesión extraordinaria del Consejo Regional que lo había citado para este miércoles 30 de junio con el fin de que responda por este escándalo de corrupción.
El consejero por Talara, Yasser Arámbulo, considera que la ausencia del titular del pliego fue “una falta de respeto” para la población de Máncora, “que espera respuestas de cómo se va a continuar con la obra de Mejoramiento del Centro de Salud”.
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Asimismo, informó que los consejeros acordaron en mayoría tramitar la denuncia penal contra la autoridad regional ante el Ministerio Público. También se había presentado la propuesta de solicitar una suspensión ante el Jurado Nacional de Elecciones.
En la audiencia del consejo regional estuvo presente también el alcalde de Máncora, Alexander Ramírez.
Posible suspensión
Los consejeros también acordaron que la Comisión de Fiscalización evaluará la actuación del gobernador en el caso de las cartas fianzas falsas y otros actos administrativos que podrían ser causal de suspensión en el cargo.
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GORE de Piura destinó S/ 2 millones del canon para pago de planillas
La Contraloría General de la República, a través de los informes de control posterior N° 029-2019-2-5349 y N° 030-2020-2-5349 determinó responsabilidades penales y administrativas en el gobernador regional, Servando García Correa, y sus funcionarios de la sede regional y las subregiones Morropón Huancabamba y Luciano Castillo Colonna por un presunto mal uso de los fondos del canon y sobrecanon en el pago de planillas al personal administrativo. El monto presuntamente malversado es de cerca de 2 millones de soles, según la auditoría del órgano de control.
Pese a que los informes datan del 2020, los consejeros regionales decidieron que se deberá emitir un informe de Fiscalización para ver si procede la sanción a la autoridad regional tal como recomienda la Contraloría.
“En relación a la responsabilidad administrativa identificada al funcionario público elegido por votación popular, adopten los acuerdos y/ o acciones que corresponden en el marco de la Ley n. ° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y normas internas; acto que deberá constar en el acta de Sesión de Consejo convocada para dicho efecto”, mencionan los documentos.
En estos informes se determinó que durante los períodos 2018 y 2019, en la Sub región Morropón Huancabamba se dispuso de S/ 1 094 556.00, para el pago de planillas a favor del personal que realizaba labores administrativas no relacionadas a la elaboración de estudios de preinversión con cargo a la fuente de financiamiento del canon y sobrecanon.
También se solicita al procurador público de Contraloría, “dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad”.
El mismo perjuicio económico por un monto de S/ 1 231 350.00 se detectó en la subregión Luciano Castillo Colonna, donde además se usó otros S/ 128 200.00 del mismo rubro para el incremento del personal contratado por servicios personales.
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“El informe de Contraloría establece responsabilidades en el mal uso del canon, este dinero se ha usado para pago de planillas tanto en la subregión Luciano Castillo como en la subregión Morropón. El órgano de control recomienda que el pleno sancione al funcionario elegido por elección popular, es decir al gobernador”, señaló el consejero Alfonso Llanos.
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Además, han derivado el informe a la Procuraduría para que se evalúe otra denuncia contra los responsables del presunto delito de malversación de fondos.
