El pleno del Jurado Nacional de Elecciones trasladó al Concejo Provincial de Piura, la solicitud de suspensión contra el alcalde Gabriel Madrid Orué. Según el solicitante, haciendo uso de su cargo como autoridad, pidió a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento que no retire del cargo a Paul Arrunátegui Sandoval como Jefe Zonal de Cofopri.
Para Juan Carlos Álamo Castro, abogado especialista en Derecho Electoral, la carta que dirige el alcalde provincial a la ministra Hania Pérez de Cuéllar Lubienska constituye un acto de presión hacia la integrante del Ejecutivo y se debe investigar porque el alcalde está incurriendo en populismos al deslizar la posibilidad de que este pedido de suspensión retrasa la titulación de predios en el A. H. Ollanta Humala.
“Aquí nos está poniendo en riesgo la titulación de un asentamiento humano […] Lo que creo es que el alcalde se está basando en un populismo bastante inoficioso […] al querer involucrar este caso que no tiene absolutamente nada que ver con un tema de titulación de predio porque esto lo puede hacer con el actual funcionario”, mencionó.
Plazo de 30 días
Según el especialista, desde la fecha exacta en que se ha notificado a la Municipalidad Provincial de Piura, hay 30 días para que el Consejo Provincial y el alcalde convoque a una sesión extraordinaria para que se trate este tema. Es decir, el JNE monitorea los días que tiene el alcalde para convocar a esta sesión extraordinaria para que se tramite y se vea su suspensióN.
“Hay que considerar que en primera instancia lo ve el pleno de 15 regidores y en el caso de declararse la suspensión se puede hacer una apelación de reconsideración que se eleva al Jurado Nacional de Elecciones no hay que dejar eso en claro”, sostuvo.
Ni pies ni cabeza
El alcalde de Piura, Gabriel Madrid Orué, indicó que este pedido “no tiene sustento técnico”. Y aseguró que detrás de este caso estarían exfuncionarios defendiendo a una empresa que busca atropellar los intereses del asentamiento Ollanta Humala.
“No tiene ni pies ni cabeza, eso se va a ver en su momento, pero no tiene ningún asidero técnico ni legal […] Realmente es un tema político porque estamos descubriendo una serie de regularidades y una de las tantas irregularidades es el tráfico de tierras y porque estamos poniendo freno a esa situación”, sostuvo.
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