Tras el anuncio de la emergencia nacional frente a la pandemia del nuevo coronavirus, muchas familias manifestaban la necesidad de salir de sus casas para solventar los gastos. Por ello, el gobierno central anunció la entrega de canastas de víveres exclusivamente para las familias que por la inmovilización social no cuentan con ingresos.
Sin embargo, la entrega de canastas, a cargo de las municipalidades de todo el país, también generó cuestionamientos, pues muchas personas afirmaban que no se entregaban verdaderamente a las familias que lo necesitaban. Tras esas denuncias, la Contraloría intervino e identificó que 4 mil 312 funcionarios y servidores públicos fueron beneficiados con las canastas de víveres.
De estos funcionarios, 370 son de Piura. Ellos, a pesar de contar con un sueldo superior a los S/ 1200 accedieron a este beneficio. Estas cifras ubican a Piura como la tercera región a nivel nacional con estos casos.
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Según la plataforma de Monitor de Control y Transparencia Covid-19, de la Contraloría, en la región se identificaron 53 funcionarios que recibieron una canasta de víveres: 42 servidores estatales con un sueldo entre S/ 3000 y S/ 5000, y 11 con un sueldo entre S/ 5001 y S/ 10000.
Los funcionarios beneficiados pertenecen a sectores de educación, salud y de la Corte Superior de Justicia de Piura.
Las autoridades correspondientes han iniciado un proceso de verificación para determinar:
- Si el funcionario firmó la declaración jurada y recibió la canasta.
- Si el funcionario informó de dicha condición ante las autoridades municipales que les entregaron los comestibles.
- Si el funcionario no firmó la declaración jurada y otra persona lo suplantó.
- Si el funcionario “prestó” a un familiar o allegado su identidad para obtener una canasta de alimentos.
- Si el funcionario pagó favores entregando su identidad a otras personas para que retiraran los comestibles de emergencia.
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