La periodista Patricia Hoyos, directora del Centro Liber, ha denunciado actos intimidantes en su domicilio luego de revelar con documentos que el Gobierno Regional de Ica realizó pagos por publicidad a un grupo de periodistas, que funcionaría como su red particular y extraoficial de comunicadores.
Según relató a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a las 3:35 de la tarde del jueves 2 de junio cuatro personas desconocidas, dos varones y dos mujeres, al interior de un vehículo, llegaron a las inmediaciones de su vivienda. Patricia Hoyos no se encontraba en su domicilio cuando aconteció el hecho.
Los desconocidos comenzaron a grabar la fachada del inmueble hasta que un familiar de la periodista salió a increparles lo que hacían. Ante esto, uno de los hombres se acercó a la puerta, se identificó como César Aquije Márquez, y señaló que iba por encargo del Gobierno Regional (GORE) de Ica para entregar un documento que Patricia Hoyos solicitó con anterioridad.
La periodista explica que dicho documento refería a la relación de contratos de periodistas en el GORE Ica, solicitado en el margen Ley de Traspasarencia, el último 16 de marzo.
Dicho documento fue requerido por la investigación realizada por Patricia Hoyos sobre el desembolso que realizaba el GORE Ica a periodistas locales para que realicen publicaciones favorables a la actual gestión de Javier Gallegos Barrientos.
A la mujer de prensa le extraña el apersonamiento de los individuos porque el documento le fue remitido mediante correo electrónico el 18 de mayo, por lo que ya no era necesario que se lo lleven en físico, más aun cuando el informe periodístico fue publicado el último 31 de mayo.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú – ANP se solidariza con Patricia Hoyos, quien se ha vuelto blanco de actos intimidantes por su trabajo periodístico, y advierte el potencial peligro al que estaría expuesta al estar su vivienda identificada por quienes ha denunciado.
La ANP hace un llamado a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía de Prevención del Delito para que actúen oportunamente en el resguardo de la periodista.
