Luego que una investigación de la periodista Paola Ugaz revelara que el Sodalicio de Vida Cristiana ha sacado dinero del Perú, creando tres empresas off shore en Panamá y Estados Unidos, para evadir impuestos y no pagar las reparaciones a sus víctimas de abusos físicos, psicológicos y sexuales; ahora, otra investigación da cuenta cómo la referida institución católica se hizo de muchas propiedades en el Perú incluida la región Piura.
En el Perú existe un concordato entre la Iglesia Católica y el Estado que consiste en un acuerdo entre ambas instituciones que establece unas pautas de cooperación con el fin de beneficio mutuo.
En entrevista con Cutivalú, la periodista Paola Ugaz reveló que este concordato ha sido aprovechado por el Sodalicio para que ninguna autoridad pueda conocer las propiedades que tiene en nuestro país.
«El concordato es un acuerdo que no debe servir para lucrar, pero lo que ha hecho el Sodalicio es valerse de amistades en la SUNAT, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería para que todo lo que tenga que ver con la Iglesia Católica sea una isla tributaria y nadie puede entrar. O sea, ninguna autoridad del Estado Peruano puede ver las finanzas del Sodalicio en el Perú y esto es grave en general (sea Sodalicio o no) porque bajo el amparo de este acuerdo se podría hacer un negocio ilícito y como no me pueden fiscalizar, puedo hacer cualquier cosa. Y lo están haciendo a espaldas del Vaticano», recalcó la periodista de investigación.
Esta revelación forma parte de una investigación que le ha llevado cuatro años de estudio a las periodistas Paola Ugaz y Raiza Arroyo, en donde dan a conocer cómo es que el Sodalicio tiene tantos negocios con los que lucra.
Esta investigación se plasmará en un libro que verá la luz en marzo del 2022, en donde se dará cuenta de la forma cómo se ha valido el Sodalicio para hacerse de propiedades en el país, entre ellas, las que tiene en la región Piura.
El concordato se suscribió en la ciudad de Lima el 19 de julio de 1980 que establece un sistema de relaciones institucionales entre la Iglesia Católica y el Estado. Establece una relación de independencia entre el Estado Peruano y la Iglesia Católica y reconoce, a esta, personería jurídica de carácter público, con plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes, así como para recibir ayudas del exterior.
Puedes ver la entrevista completa a Paola Ugaz, aquí:
