La Contraloría General, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Paita, determinó presunta responsabilidad administrativa y penal en tres miembros del comité de selección de esta comuna por adjudicar la obra “Creación del servicio de agua potable y alcantarillado de los centros poblados de Yacila, Cangrejos, La Islilla y La Tortuga – provincia de Paita” con la oferta más alta al no admitir otras cuatro ofertas válidas, lo que ocasionó un mayor costo a la entidad por más de S/ 3.5 millones.
De acuerdo con el Informe de Control Específico N° 022-2022-2-0453-SCE, los miembros encargados de conducir la licitación pública solo admitieron una de las cinco ofertas presentadas, pese a que los cuatro postores sí cumplieron con presentar la documentación obligatoria establecida en las bases para su admisibilidad, pero alegaron no haber considerado en las ofertas económicas todas las subpartidas del “presupuesto intangible” (desagregado de partidas), sin embargo, el sistema de contratación fue a precios unitarios y no exigía la presentación de este requisito.
La comisión de auditores concluyó que de manera injustificada y al margen de la normativa de contrataciones del Estado se impidió la continuidad de los postores en este proceso, quienes también acreditaron los requisitos de calificación, con una mayor experiencia en la especialidad y ofertaron un menor monto, y con ello la posibilidad de una competencia efectiva.
Los funcionarios calificaron y evaluaron con un puntaje total de 100 puntos a una sola oferta económica. Por unanimidad se otorgó la buena pro al postor ganador. Finalmente, el 17 de enero de 2020, la entidad suscribió el contrato con el consorcio por un monto de S/ 41 millones 502 mil 455 y un plazo de ejecución de 300 días calendario.
El informe está publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control del portal institucional www.gob.pe/contraloria y fue notificado al alcalde provincial de Paita para el deslinde de la responsabilidad administrativa de los servidores señalados.
Asimismo, se recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción inicie las acciones penales contra las personas involucradas.
Dato
El OCI identificó responsabilidad administrativa y penal en el presidente y los otros dos miembros titulares del comité de selección.
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