El derrame de 6000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, producto de las operaciones de la Refinería de La Pampilla a cargo de la empresa Repsol, no solo ha dañado la flora y la fauna de las costas de Lima y Callao, sino además ha puesto en evidencia la limitada capacidad de respuesta de la empresa y el Estado ante la emergencia ambiental.
Repsol ha querido negar su responsabilidad, minimizando en un inicio lo ocurrido y señalando después que el derrame fue posible por la falta de una alerta de tsunami en relación a la erupción volcánica en la isla de Tonga, al otro extremo del Océano Pacífico. Más allá de la discutible y muy criticada gestión de información y comunicación de la Marina de Guerra respecto a las consecuencias de la erupción para nuestras costas, esto no es justificación: Repsol continuó sus operaciones sin tomar ninguna medida a pesar del oleaje.
Al respecto, hemos escuchado las voces de uno y otro lado del espectro político. Unos minimizando “el accidente” y señalando que se resolverá pronto, otros exigiendo la rescisión del contrato que tiene el Estado peruano con la petrolera española. Es el acostumbrado aprovechamiento político del desastre, cuando lo que realmente corresponde es cuestionar la incapacidad del Estado peruano para responder a los desastres ambientales, así como la urgente necesidad de revisar nuestra política de hidrocarburos.
La falta de respuesta del Estado no es una novedad. En los últimos años se han registrado innumerables denuncias por la falta de atención de los constantes derrames ocurridos en el Oleoducto Norperuano, los que apenas han merecido algunos paliativos económicos a los pueblos indígenas afectados. En el caso de la revisión de la política de hidrocarburos, cabe aclarar que ello no consiste únicamente en renegociar o rescindir contratos, como equivocadamente piensan algunos políticos, sino en la definición de nuestra matriz energética en el futuro, a partir de entender que el ciclo del petróleo en la economía mundial está llegando a su fin.
En Noticias SER exigimos que la empresa Repsol reconozca y asuma su responsabilidad ante el desastre y repare el daño generado. Al mismo tiempo, esperamos que el gobierno peruano active todos los mecanismos necesarios para las tareas de limpieza y mitigación del desastre y se sancione a los responsables con el máximo rigor. Y a su vez urgimos a empezar a debatir en serio la política energética de nuestro país. En el mundo actual hay cada vez menos lugar para el petróleo.
Este artículo fue publicado originalmente en Noticias SER
