Las negociaciones para la adquisición de vacunas contra el covid-19 no se vieron ni se verán afectadas por el uso irregular de vacunas de Sinopharm, afirmó hoy el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
El titular del Ministerio de Salud (Minsa) consideró que no se debe tener dudas sobre la integridad de las negociaciones. «Descarto que (la vacunación irregular) haya sido un mecanismo de influencia», sostuvo en TV Perú.
Ugarte explicó que la intención de Sinopharm de hacer ensayos clínicos en Perú venía desde tiempo atrás. «Esa elección fue una gran ventaja para nuestro país porque, al realizarse un estudio de esa naturaleza, con voluntarios peruanos, liderada por la Universidad Cayetano Heredia y San Marcos, nos colocó en una situación de ‘negociación directa'».
Además, indicó que se han adquirido vacunas de otros laboratorios como Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo Covax Facility; en tanto, se sigue negociando con Johnson & Johnson, Gamaleya, entre otros.
Ugarte comentó que las negociaciones con Pfizer continuaron y ya se tiene un contrato de 20 millones de dosis, así como otro con Sinopharm por 38 millones de dosis, el lote de vacunas más grande que tenemos hasta ahora.
“Luego viene la de Astrazeneca, la de Covax Facility. Estamos en negociación con Johnson & Johnson y otras, con las que se está consensuando o confirmando (compras) a fin de cubrir a toda la población del país” indicó titular de Salud.
Duración incierta
Refirió que las vacunas que se vayan incorporando al país permitirán proteger a toda la población porque “nadie sabe si el efecto de las vacunas es de una duración indeterminada o si va a ser necesario una vacunación cada año, como ocurre contra la influenza”.
Dijo que el que tengamos una mayor cantidad de vacunas, por encima del número actual de peruanos, nos servirá de reserva en caso lo necesitemos más adelante.
Sobre la vacunación irregular, Ugarte dijo sentirse decepcionado y lamentó que la exministra, exviceministros y decenas de altos funcionarios estuvieran involucrados. Reiteró que ninguno de los que participaron seguirá en la administración pública, y que se investigarán las responsabilidades individuales.
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