La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formalizó la investigación preparatoria contra el congresista suspendido de UPP, Edgar Alarcón, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado, que habría cometido cuando era contralor de la República.
“Se dispone formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Edgar Alarcón en su condición de contralor general de la República, ser presunto autor del delito contra la administración pública – enriquecimiento ilícito agravado, (…) en agravio del Estado peruano”, dice el documento al que tuvo acceso esta redacción.
Y, a renglón seguido, se señala que esta pesquisa ha sido declarada “de naturaleza compleja” por la Fiscalía, por lo que el plazo de investigación preparatoria será de ocho meses, de conformidad al Código Procesal Penal.
Además, la titular del Ministerio Público ha designado a la fiscal suprema Bersabeth Revilla como la encargada del caso, quien, por el momento, no ha pedido ninguna medida de restricción personal.
Ávalos ha podido tomar esta decisión luego de que el pleno del Congreso optara por suspender a Alarcón Tejada de sus funciones y derechos como parlamentario, el pasado 16 de abril, tras aprobar la acusación constitucional 371 por antejuicio político.
¿Cuál es la imputación contra Alarcón?
De acuerdo al documento de la formalización de investigación, la imputación concreta contra Edgar Alarcón, “en mérito al informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, es que presenta un desbalance patrimonial de 201.337 soles, el cual corresponde al periodo entre el 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017, cuando estaba al mando de la Contraloría.
“Asimismo, el dicho periodo también se determinó la existencia de diversos ingresos bancarizados por la suma de 275.644 cuyos orígenes y depositarios se desconocen, en su mayoría, todo ello haría presumir la existencia de un desbalance patrimonial en los años 2016 y 2017, lo cual no se justificaría con sus ingresos legítimos obtenidos durante dicho periodo”, explica el documento.
Fuente: La República
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