En un intento por hacer frente a la creciente ola de criminalidad, el gobernador de La Libertad, César Acuña, anunció este jueves la declaratoria de emergencia en la región, particularmente en la capital, Trujillo, donde reside el 60% de la población. La decisión se tomó en respuesta a múltiples eventos preocupantes, entre ellos, cuatro casos de sicariato en un solo día y el reciente secuestro y asesinato de un empresario minero con sus dos guardaespaldas.
«Se va a declarar en emergencia a la región de La Libertad, previo informe de qué provincias son las más prioritarias. La prioridad va a ser Trujillo. En sí el problema es de la región», detalló Acuña.
En una reunión en el Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola, y los ministros de Defensa, Interior y Justicia, Acuña propuso la instalación de una base militar en Trujillo como parte de un enfoque integral para erradicar la delincuencia. Además, se espera que en las próximas horas se lleve a cabo un diálogo con el juez supremo Javier Arévalo y el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, para abordar aspectos judiciales y fortalecer la capacidad de respuesta.
Presupuesto para emergencia
El gobernador anticipó medidas concretas, como la entrega de camionetas para hacer frente a la inseguridad ciudadana y la asignación de presupuesto para establecer el primer Laboratorio de Criminalística a nivel nacional en La Libertad. Estas medidas buscan no solo abordar la situación de crisis inmediata, sino también establecer infraestructuras y recursos que contribuyan a combatir la delincuencia a largo plazo.
“La solución requiere de otras medidas, las comisarías no tienen efectivos policiales, equipamiento y recursos para afrontar esta ola delincuencial. El estado de emergencia debe venir acompañado de presupuesto, el Gobierno podría incrementar el presupuesto para que las municipalidades puedan contratar más serenos. Se necesita tener un plan estratégico adecuado para que se den los resultados esperados”, agregó.
Esta no es la primera vez que La Libertad enfrenta una situación de emergencia. Cuatro provincias, incluyendo Trujillo, ya estuvieron bajo esta medida de enero a julio del año pasado. Sin embargo, algunos líderes municipales expresaron su resistencia, destacando la necesidad de un plan estratégico integral que aborde las deficiencias en las comisarías, tanto en términos de personal como de equipamiento.
Compromiso de alcaldes
Ante la complejidad del desafío, la administración de Acuña solicitó la intervención del Ejército y del Ministerio del Interior, señalando un «desgobierno total» en la Policía Nacional. Instaron a los alcaldes a asumir responsabilidades adicionales, como apoyar a la PNP con logística, patrullaje integrado, operativos drásticos de licencias y restricción de permisos para eventos públicos.
“Invocamos a los alcaldes a asumir con mayor compromiso sus responsabilidades de ley, apoyo a la PNP con logística y patrullaje integrado, constante comunicación y organización, operativos drásticos de licencias, restricción de permisos para eventos públicos y demás acciones ya coordinadas”, se leía en la misiva.
La solución propuesta por Acuña no solo implica la declaratoria de emergencia, sino también medidas concretas para fortalecer las instituciones de seguridad, colaboración entre entidades y un plan estratégico que atienda las raíces del problema.
