El consejero regional Óscar Echegaray solicitará al Ministerio Público incluir en sus investigaciones al proyecto Alto Piura, pues existen indicios de ilícitos penales revelados en el informe de la comisión Lava Jato.
El consejero explicó que las dos irregularidades existentes se refieren a los diez adicionales que se entregaron, por valor de más de 183 millones de soles y sin sustento técnico ni económico; y los 73 millones de soles, además de los adicionales, entregados al contratista.
“Esto fue con la autorización de los funcionarios de la gestión Atkins y con la venia del consejo directivo presidido por el actual gobernador Reynaldo Hilbck”, sostuvo Echegaray, quien detalló que las normas de presupuesto nacional del tesoro público señalan claramente que se deben dar los parámetros de control necesario para que el contratista garantice la ejecución del 100% de ese adelanto. Sin embargo, no se constató nada de dichos 73 millones de soles y se incluyó en la liquidación de obra que ahora está en arbitraje en la Cámara de Comercio de Lima.
“Creo que el Ministerio Público, encargado de ver los sobornos realizados por la empresa Camargo Correa en Lima, deberá incluir este tema y es lo que he pedido de oficio, pues no sabemos si este informe de la comisión Lava Jato está siendo investigado por el Ministerio Público”, aseveró Óscar Echegaray. Además, aseguró que la comisión Lava Jato no indica nada sobre un arbitraje del consorcio ingeniería alto Piura, quien elaboró los estudios definitivos.
El consejero explicó que el informe Lava Jato señala que se contrató a la empresa Motlima para hacer los estudios definitivos, sin embargo, dicha empresa era una de las consorciadas a Ingeniería Alto Piura, cuyo representante legal es el actual ministro de Agricultura, José Hernández, quien a finales del 2011 firma el contrato con el proyecto Alto Piura. “Lo delictivo es que a pesar de haber una licitación no se le entregó el acta de terreno para que realizara los estudios y eso causó que el consorcio presente un arbitraje contra el gobierno regional, el cual perdió y se perjudicó con 2 millones 400 mil soles”, refirió Echegaray.
Asimismo, Óscar Echegaray señaló que el contrato por 14 millones sigue vigente, y ya se han desembolsado 10 millones. “Y ahora Motlima es parte del consorcio supervisor, entonces estas situaciones pasaron de manera inadvertida por parte del directorio presidido por el gobernador Reynaldo Hilbck en ese entonces”, aseguraba.
El consejero alertó además que luego de la última licitación que ganó Obrainsa Astaldi, en ninguna parte de las resoluciones se establece cuánto es el porcentaje del saldo de la obra por la que fue contratada y recordó que, en 2015, se elabora un expediente técnico actualizado, ya con Reynaldo Hilbck como gobernador, pero no se estableció el porcentaje de saldo de obra porque a pesar de todo Camargo Correa dejó un avance.
