Por: Oscar Altamirano, coordinador de Prensa
En los últimos días, el Congreso peruano aprobó en una primera votación la “nueva ley agraria”, conocida también como “Ley Chlimper 2.0”. Esta norma, aprobada de manera apresurada y sin ninguna base técnica, sólo representa un retroceso para los agricultores y trabajadores del agro, pues otorga privilegios a más de 20 grandes agroexportadoras del país, facilitándoles beneficios tributarios desproporcionados.
Algunas bancadas del Parlamento, muy vinculadas a las agroexportadoras, defendieron esta norma y la presentaron como una solución a los antiguos problemas del sector agrario. Sin embargo, la misión conjunta de algunos legisladores es hacer lo que mejor conocen: beneficiar a las empresas en perjuicio de los ciudadanos.
Pero desmenuzamos un poco esta norma, que en la primera votación fue aprobada sólo con 43 votos a favor y sin la opinión de los gremios agrarios.
«La misión conjunta de algunos legisladores es hacer lo que mejor conocen: beneficiar a las empresas en perjuicio de los ciudadanos«
¿Qué pretenden lograr con este proyecto de ley? Pues, quieren eliminar el límite de 10 años para las exoneraciones fiscales. Esto beneficiará únicamente a las empresas agroexportadoras. Hablamos de poco más de 20 agroexportadoras que verán incrementar sus recursos, mientras los agricultores, el verdadero motor de este sector, se hunden en condiciones de precariedad laboral.
Otro de los beneficios para las empresas será la reducción del impuesto a la renta. Este impuesto pasa del 29.5% al 15%, lo que generará un costo fiscal estimado en mil 850 millones de soles anuales. Para los próximos 10 años, esta ley habrá perjudicado la caja fiscal del país con 20 mil millones de soles que se dejaron de percibir, afectando seriamente las finanzas públicas. Pero no es lo único que ocasionará la “Ley Chlimper 2.0”.
«Se estima que alrededor de 1.5 millones de agricultores familiares y pequeños productores serán perjudicados, mientras que las grandes agroexportadoras, que se ubican principalmente en el norte del país, serán las más beneficiadas«
Esta ley también debilita la fiscalización laboral de SUNAFIL, lo que agravará las débiles condiciones de los trabajadores agrarios. Recordemos que muchos de ellos son autoempleados o familiares no remunerados, sectores que ya son vulnerables y que presentan altos índices de pobreza.
Se estima que alrededor de 1.5 millones de agricultores familiares y pequeños productores serán perjudicados, mientras que las grandes agroexportadoras, que se ubican principalmente en el norte del país, serán las más beneficiadas.
La Ley Chlimper 2.0 no solo desvirtúa los pocos avances en materia agraria, sino que además favorece intereses corporativos, vinculados históricamente a partidos políticos del actual Congreso.
Resulta cuestionable que el Congreso haya aprobado esta ley «al caballazo», sin un debate profundo ni consenso real con los gremios agrarios y trabajadores. Incluso, partidos que se proclamaban defensores de la agricultura familiar, como Perú Libre, votaron a favor de este repudiable proyecto de ley.
Esta “nueva ley agraria” no promueve una agricultura inclusiva ni sostenible, sino que perpetúa la desigualdad y la concentración de beneficios en pocas manos, en perjuicio directo de la mayoría de los agricultores peruanos«
Instituciones como la Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustrias mostraron su rechazo a esta norma, y exigieron al Parlamento retirarla de la agenda nacional.
Queda sentado que esta “nueva ley agraria” no promueve una agricultura inclusiva ni sostenible, sino que perpetúa la desigualdad y la concentración de beneficios en pocas manos, en perjuicio directo de la mayoría de los agricultores peruanos. El Congreso debe reconsiderar urgentemente esta medida, y evitar más vulneraciones y daños irreversibles al sector agrario y al país.
