La fragilidad institucional genera corrupción, y ésta, a su vez, destruye la institucionalidad de un país. En el Perú de hoy, los mismos políticos y políticas que deben garantizar la institucionalidad crean planes para petardear lo poco de bueno que le queda a nuestra famélica institucionalidad.
El Congreso tiene hoy en la mira al Ministerio Público, al Jurado Nacional de Elecciones, y siguen petardeando a la Junta Nacional de Justicia. Quieren, a todo dar, impunidad frente a sus delitos contra el Estado peruano, contra la vida de peruanos y peruanas. Quieren ganar las elecciones haciendo trafa, pues Keiko Fujimori no puede ganar limpiamente una elección en el Perú.
Sin una ciudadanía activa y movilizada, hoy tienen el poder para lograr sus maquiavélicos objetivos: impunidad y poder para robarle más al Perú.
Recuerden que la familia Fujimori, entre los años 90 y 2000, le robó al Perú más de 404 millones de dólares. El señor Fujimori está entre los siete presidentes más corruptos del mundo. En efecto, con estos antecedentes, la única manera de volver al poder es haciendo trampa, acomodando las normas y las instituciones, de tal manera que puedan ganar con aparente legitimidad.
Ya tiene al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo; ya acomodaron las normas de participación política ciudadana destruyendo la ley de los procesos abiertos, simultáneos y obligatorios, de modo que puedan llegar a una segunda vuelta con el 10% del voto nacional, como pasó en las elecciones del 2021. Crean caos para vivir del caos. No creen en la participación ciudadana. A ésta la infantilizan y la desprecian. Se acercan a ella solamente cuando hay elecciones. Después le quitan el derecho a opinar sobre políticas nacionales.
Actúan como organizaciones criminales. Hoy, el Poder Ejecutivo y sus ministerios, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, están en manos de funcionarios con graves denuncias de tráfico de influencias y corrupción. Están en manos de partidos políticos como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Nacional, Perú Libre, que son grupetes de personas que administran la política como inversión personal o de grupos de amigos.
Usan el aparato estatal para hacer negociados para sus amigos y allegados. Se atribuyen legitimidad que no la tienen. Y así siguen minado la democracia, la cual no les interesa más que como un discurso para la tele.
Este fin de semana pasado, el Fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, salió a denunciar, públicamente, planes del Congreso para interferir y debilitar la autonomía del Ministerio Público. Nos ha dicho que los políticos del Congreso están buscando acomodar al Ministerio Público de acuerdo a sus planes.
Asimismo, el Fiscal de la Nación ha pedido a la ciudadanía estar vigilante, pues se juega una de las instituciones más importantes que, en el equilibrio de poderes, tiene un rol importante de control de los otros poderes del estado. El impulsor de la ley que paralizaría al Ministerio Publico es nada menos que un militar, uno de aquellos que firmo el acta de sujeción a Montesinos.
Están desesperados con la caída de su Fiscal Patricia Benavides. Muchos analistas han mencionado que, si la ley procede, estaríamos ante un acto inconstitucional, como los procesos contra la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones.
Con estos políticos, que más parecen delincuentes organizados, cuya desaprobación es de más de 90%, seguimos en el hoyo sin salida. Con una ciudadanía permisiva, apática frente a los hechos, las posibles salidas de la crisis política se hacen cada vez más inciertas en el Perú.
Por: Wilmer Fernández Ramírez
