Este 28 de julio, la electa presidenta Keiko Fujimori estará recibiendo el cargo de la Presidencia del país. Así se da inicio en el Perú a un nuevo periodo de gobierno del fujimorismo, en un lapso de 30 años. Entre los preparativos y la transferencia del poder, la señora Keiko ha declarado públicamente que está recibiendo un país en situación catastrófica, situación que le dejan los gobiernos salientes.
Si bien esta afirmación, a nivel de percepciones, puede sonar razonable, no se corresponde con la realidad política del país. La señora Keiko Fujimori es, en gran medida, responsable de la crisis social y política que vive el Perú. Los hechos políticos de los últimos diez años nos permiten afirmar con objetividad que ella ha gobernado el país tras bambalinas. El país catastrófico que recibe para gobernar es el país que ella y Fuerza Popular han construido en los últimos años.
Este largo proceso de convertir al país en una catástrofe comenzó en 2016, cuando la señora Keiko declaró públicamente que reconocía la victoria de Pedro Pablo Kuczynski, pero afirmó que ella iba a gobernar desde el Congreso de la República. Con ello comenzó también el minado de la presidencia de la República como institución.
Una vez instalado el Congreso, con una mayoría abrumadora de 70 congresistas de Fuerza Popular, comenzaron las interpelaciones a ministros —entre ellos buenos ministros, como Saavedra— y las acusaciones fiscales contra el propio presidente, lo que llevó a la renuncia de PPK en 2018. Por testimonio del propio expresidente Vizcarra se sabe que, detrás de bambalinas, estaba Keiko Fujimori. En adelante, la historia se repetiría: Vizcarra no cumplió su promesa de subordinarse a Keiko, y su gobierno terminó como el de PPK. Fuerza Popular puso a Mercedes Aráoz como presidenta por un día, luego llegó Merino, y finalmente ese periodo terminó con Sagasti como presidente.
En 2021 se repitió la historia: Keiko no quiso reconocer su propia derrota frente a Pedro Castillo. Si bien terminó cediéndole el poder, luego convirtió al Perú en un lastre político, primero con Dina Boluarte y después con José Jerí. Finalmente, tras el paso de ocho presidentes, la presidencia quedó reducida a una institución nominal, al punto de que hoy nadie sabe qué hace el último presidente, que parece más un fantasma en busca de un sueldo vitalicio.
En segundo lugar, con toda la fuerza del poder que Fuerza Popular ha tenido en el Congreso, Fujimori capturó el TC, la Defensoría del Pueblo, la JNJ, el Ministerio Público y parte del Poder Judicial. Con estos organismos bajo su control —y, por tanto, puestos al servicio de la fuerza dominante del Congreso—, este, bajo la tutela de Keiko, gobernó el país. En efecto, sin organismos que garanticen el control de poderes y un estado de derecho justo en democracia, los marcos legales fueron cambiando al gusto del grupo gobernante: leyes pro-crimen para rehabilitar a políticos corruptos, que por extensión terminaron favoreciendo la criminalidad en el país; leyes en favor de la minería ilegal, que terminan en caos, destrucción del territorio e incremento de la violencia; leyes de exoneración de impuestos para empresas amigas, o leyes para el desfalco presupuestal del Estado por parte de 130 congresistas; leyes en contra de las mujeres, no solo contra las esterilizadas, sino contra todas las mujeres que cada día sufren violencia y discriminación.
A esto se suman las leyes que derogaron las reformas políticas orientadas a mejorar los resultados electorales respecto a los de los últimos años. Todas esas leyes son inconstitucionales. Es decir, cambiaron la Constitución política. Hoy tenemos la Constitución de Keiko Fujimori, no la de Alberto Fujimori.
Algunos pueden decir que lo mencionado aquí no es así, puesto que la señora Keiko Fujimori no ha tenido ningún puesto en el Estado, ni por elección ni por función pública. Ella misma lo ha mencionado: «no hemos estado en el gobierno, ha gobernado la izquierda». Esta afirmación puede sonar razonable y lógica, e incluso generar adhesiones, puesto que la señora no ha ejercido un cargo elegido desde que terminó su periodo congresal en 2011.
Sin embargo, el poder no se ejerce solamente desde un cargo elegido, sino también desde los partidos gobernantes. Por ejemplo, Montesinos tuvo mucho poder en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Keiko Fujimori ha sido presidenta del partido Fuerza Popular y, desde allí, da las órdenes sobre qué leyes votar y cuáles no. Esto lo confirman «los Mototaxi de chad».
En efecto, reafirmamos aquí que la señora Keiko Fujimori recibe el país que ella misma ha construido, y que cualquier narrativa contraria no tiene otra intención que sostener la idea de que el país está mal porque se alejó del fujimorismo.
Por: Wilmer Fernández Ramírez – Director de Cutivalú
