El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, opinó que los jueces tienen toda la facultad para aplicar las medidas coercitivas necesarias para evitar que los abogados logren aplazar audiencias claves para que los procesos avancen, como ocurre en el juicio que se le sigue al alcalde provincial de Ayabaca, Humberto Marchena Villegas.
“Hay muchos abogados que tratan de dilatar lo procesos, pero el juez tiene que aplicar las medidas coercitivas, incluso cuando deliberativamente cuando no asisten o presentan certificados médicos, o señalando que están en otros. Se puede coordinar con el Colegio de Abogados para que faciliten letrados y no se frustren audiencias”, expresó Lizana.
El magistrado señaló que estos hechos generan una mala reputación para el Poder Judicial, e incluso evidencian que algunos malos trabajadores podrían estar coludidos con alguna de las partes procesadas. Aseguró que la Presidencia y los órganos han intervenido en casos emblemáticos para que los juicios inicien y terminen en el tiempo pertinente.
“Eso obedece a las irregularidades que cometen los jueces y trabajadores. Nosotros hemos sincerado la carga procesal y hemos podido determinar que no es la causa para dilatar los procesos”, agregó.
Cabe indicar que en el caso puntual del alcalde de Ayabaca, la audiencia para continuar su juicio por colusión y negociación incompatible se ha reprogramado por sexta vez. Por este caso la Corte de Sullana ya inició un proceso sancionador a los trabajadores presuntamente responsables del retraso del proceso.