Los conflictos sociales son desde hace varios años una realidad cotidiana del país y en más de una ocasión han derivado en hechos violentos que afectaron la vida e integridad de las personas, y casi siempre dieron pie a crisis políticas que desgastaron a los gobiernos y debilitaron seriamente su legitimidad ante la ciudadanía.
El gobierno de Pedro Castillo no es la excepción. Sin embargo, a diferencia de sus antecesores, que debían enfrentar protestas de sectores contrarios a sus políticas, el actual mandatario se ve ante el reto de responder a las movilizaciones de aquellos que, en principio, están a su favor.
En el ámbito de la gestión de los conflictos ha quedado claro que el gobierno presenta las mismas graves falencias que en los demás campos de su administración. La responsabilidad es en este plano mayor porque implica a la Presidencia del Consejo de Ministros y el Viceministerio de Gobernanza Territorial, cuyos encargados durante estos 9 meses de gobierno no han fijado rumbo para responder con eficacia a las demandas ciudadanas; en lugar de ello, en más de una ocasión sus intervenciones han provocado más problemas que los que debían resolver.
Basta recordar las fallidas promesas efectuadas por Guido Bellido a las comunidades del Corredor Minero del Sur, los pasos en falso en la atención del derrame petrolero por las operaciones de la empresa Repsol, la caótica y tardía reacción para atender el conflicto ocurrido en Huancayo, la incomprensible y desproporcionada decisión de declarar la inamovilidad en Lima a inicios de abril y la pasividad frente al conflicto en Cuajone.
Aún cuando los conflictos sociales erosionan la aprobación gubernamental y pueden provocar la caída de algunos funcionarios públicos, su impacto no suele llegar más lejos. Afirmar esto no implica aceptar que el gobierno continúe por ese camino. Por el contrario, en Noticias Ser exigimos al gobierno responsabilidad y seriedad en la atención de la conflictividad social del país. Para ello, el Presidente Castillo debe dejar de lado el recurso fácil de la promesa momentánea. Continuar animando expectativas que no se van a cumplir, solo hará crecer el malestar social y multiplicarse las protestas, escenario que difícilmente un gobierno débil podrá contener.
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