Tras lo señalado por el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, de que el hacinamiento en los penales es alarmante, el especialista en derecho penal de la UDEP, Francisco Álvarez, advirtió un abuso de la prisión preventiva y pidió a los jueces a no basarse en cuestiones subjetivas con relación al peligro de fuga.
Álvarez Dávila indicó que este problema de sobrepoblación penitenciaria está asociado al abuso de las prisiones preventivas, recordando que el Tribunal Constitucional en el expediente 5436-2014, revelaba que los presos vivían una situación bastante problemática por el hacinamiento, conflictividad, y que había mucha gente en un penal sin condena y solo con prisión preventiva.
“El Poder Judicial sigue y seguirá de espaldas a este tema, pues para ellos no es un problema, porque si para ellos no lo fue en la época de la covid-19, con gente que podía morir, ahora no hay una realidad concreta de que esto cambie, porque este problema está asociado al Poder Judicial que sigue creyendo que la prisión preventiva es la máxima medida para cautelar el proceso”, indicó.
El especialista en derecho penal de la UDEP explicó que uno de los requisitos para dictar prisión preventiva tiene que ver con el peligro procesal que se traduce en no dañar las pruebas y que el imputado no se fugue; sin embargo, es en este punto en donde existe la mayor flexibilidad por parte del Poder Judicial porque además generan a veces interpretaciones o exigencias totalmente ilógicas.
“El Poder Judicial en los últimos tiempos, la verdad ha comenzado a hacer interpretaciones realmente bastante críticas respecto al cumplimiento de las situaciones de fuga, muchas veces basadas en presunciones, en cuestiones subjetivas, por ejemplo, pensar que aquella persona que no tiene casa se va a fugar, cuando puede probar que tiene un contrato de arrendamiento”, agregó.
Francisco Álvarez detalló que el típico caso en donde hay una prisión preventiva es donde, por ejemplo, una persona, mata a alguien y luego las pruebas del crimen desaparecen, a los testigos los empieza a atemorizar y luego de ello intenta huir, entonces sí hay una persona que intenta dañar el proceso y no tiene el menor interés de ponerse al lado de la justicia porque intenta fugar del país, entonces si hubiera tantos casos como este, por supuesto que se legitimaría la prisión preventiva.
Para Álvarez, desde el Congreso de la República se podría cambiar algunos requisitos; por ejemplo, de que solo se dicte prisión preventiva para los delitos más graves a partir de 8 años, porque hoy en día un delito de 4 años de pena privativa de la libertad te permite prisión preventiva, y las personas con penas menores se les dé arresto domiciliario o que se le coloque el grillete electrónico.
“La presión social y mediática incide en la decisión de los jueces, pero lo que no nos damos cuenta es que este escenario de terror nos afecta a todos, porque los jueces son tan flexibles que hace que la gente viva preocupada porque uno ve pedidos de prisión preventiva sin pies ni cabeza”. Aseveró el especialista.
