Tal como se había adelantado, el Gobierno presentará hoy al Congreso el proyecto de ley que autoriza la castración química para violadores de menores, el cual fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Según explicó el titular del sector Justicia, Félix Chero, esta medida se aplicará para los reos con “pena determinada” (de 15 a 25 años), y una vez hayan cumplido con su condena.
“Nosotros ya tenemos en nuestro Código Penal la cadena perpetua para violadores de menores, por lo tanto, consideramos esta medida como una pena accesoria”, dijo.
Descartó que el país se vaya a retirar del Pacto San José, ya que no se está evaluando aprobar la pena de muerte para este tipo de delitos.
Cabe mencionar que el presidente Pedro Castillo dijo que confiaba en el respaldo del Parlamento a esta iniciativa, la cual nació como respuesta al caso de la menor de 3 años que fue secuestrada y abusada por Juan Antonio Enríquez García, hace una semana en la ciudad de Chiclayo, en Lambayeque.
Sin sustento legal
Para el abogado penalista Carlos Caro, esta propuesta del Ejecutivo es peligrosa y carece de consistencia legal.
Recordó que, de acuerdo al artículo 173 del Código Penal, la violación a menores de 14 años ya es penada con cadena perpetua, por lo que la castración química no podría ser aplicada al gran número de reos que cumple esta condena en el país.
“No sé en qué personas se emplearía este proceso. Salvo que rebajen la pena a los violadores sexuales. Situación que es muy peligrosa y los terminaría beneficiando”, comentó a La República.
Alertó, además, que para realizar esta intervención médica se requiere de la autorización del reo.
“Para todo tratamiento médico e inoculación de una sustancia se necesita el consentimiento del condenado, no lo pueden obligar”, dijo.
Por otro lado, indicó que la castración química no elimina por completo el delito de violación, ya que existen otros tipos de modalidades. “No solo se comete este delito utilizando el cuerpo humano”, precisó.
Se oponen a medida
Pero la ola de críticas no solo viene de los penalistas que la consideran errada, costosa y hasta poco efectiva.
De acuerdo con el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, esta medida es “populista” y no soluciona el problema de fondo.
“Después de este procedimiento, la persona intervenida requiere de medicinas. ¿Quién va asumir ese gasto?”, comentó a este diario.
Y agregó que este procedimiento con inyectables es sumamente costoso, ya que cada ampolla se coloca mensualmente y tiene un costo de 300 a 400 soles.
Por otro lado, hizo un llamado de atención al Estado ante la falta de medidas preventivas. “Tenemos pocos psiquiatras”, comentó. Y agregó que a nivel nacional solo hay 1.200 profesionales para adultos y otros 40 para menores.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo reiteró su rechazo a la castración química. Según explicó la entidad, no existe evidencia de que su implementación reduzca la incidencia de violaciones sexuales hacia niñas, niños y adolescentes.
Además, advirtieron que aplicar esta sanción generaría responsabilidad internacional para el Estado peruano e incrementaría el gasto público.
En ese sentido, invocaron a las autoridades a implementar medidas de prevención.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se mostró en contra de la implementación de esta medida.
Calificaron a la castración química como “una forma de castigo que viola la prohibición absoluta de tortura y penas crueles, e inhumanas y degradantes”.
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