La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso iniciar una investigación de oficio por el escándalo de los audios que revelarían cobro de cupos a los trabajadores contratados de la Dirección Regional de Salud de Piura para financiar la campaña de Fuerza Regional, movimiento político fundado por el gobernador regional Servando García Correa.
A través de voceros de la fiscalía, el fiscal de turno, Javier López Romaní, dio cuenta que se empezarán indagaciones por el presunto delito de concusión. “El fiscal de turno ha solicitado que de oficio ingresen los audios por mesa de partes para iniciar una investigación por la presunta comisión del delito de concusión”, se informó el diario El Tiempo.
La denuncia
Según la denuncia hecha pública por la Asociación Civil Vigilia Ciudadana, un ex trabajador de la Dirección Regional de Salud reveló que, a cambio de tener un contrato en esa dependencia del Gobierno regional, debían pagar cupos de entre 150 y 250 soles. El dinero recaudado era destinado a financiar la campaña electoral de Fuerza Regional. Incluso, según uno de los tres audios hechos públicos, se escucha decir a una actual trabajadora de la Diresa que antes financiaron la campaña electoral del hermano del gobernador, Manuel García Correa, actual congresista por Alianza Para el Progreso (APP).
En los audios se escucha mencionar como presuntos responsables del cobro de cupos al actual sub director regional de Salud, José Chinchayán Varas, y supuestos encargados de acopiar el dinero: el médico Jimmy Chinguel Yesquén y la enfermera Edid Chumacero Holguín.
En una de las conversaciones también se escucha decir a una supuesta trabajadora de la Diresa Piura de que el pago de los cupos tiene por destino financiar la campaña electoral de Segundo Luciano Valdiviezo Rodríguez, candidato a la alcaldía de Piura; y del actual subdirector de Salud, José Chinchayán Varas, candidato como primer regidor de Piura o teniente alcalde.
Código Penal
Cabe recordar que de acuerdo al artículo 382 del Código Penal, el delito se configura cuando el servidor público solicita dinero o un bien para sí mismo o un tercero.
“El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”, se lee en el Código.
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