A un día de cumplirse el plazo para que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, comunicara si presentaría una denuncia constitucional contra la mandataria Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros ministros para seguir con las diligencias e iniciarles un proceso judicial o archivar la indagación, resolvió ampliar la investigación preliminar por hasta ocho meses.
La investigación por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves también alcanzan al exministro Pedro Angulo, los actuales titulares de Mininter y el Mindef, Vicente Romero y Jorge Chávez Cresta; y dos exministros del Interior: César Cervantes y Víctor Rojas.
Como se recuerda, dicha diligencia inició el pasado 10 de enero por las muertes y lesiones en las protestas desarrolladas en Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. Posteriormente, el 21 de julio, se añadieron los hechos detonados en Lima, Cusco y Ucayali.
Aunque la investigación se abrió por ocho meses, el 7 de septiembre se dispuso “ampliar excepcionalmente” por 45 días, plazo que terminaba este 25 de octubre, y hoy, por segunda vez, se resolvió la prórroga de las indagaciones. Esta vez, por ocho meses más.
Para los principales defensores de los deudos, Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL); y Gloria Cano Legua, abogada de Aprodeh, consideran que el aumento del plazo no sería más que una estrategia para evitar dar una opinión, para ello, advirtieron de la inacción por parte del Ministerio Público al momento de avanzar con el caso.
A ello se le suma el silencio por parte de la jefa de Estado y las respuestas esquivas del premier, pese a que la presidenta no acudió al Perumin a fin de prepararse para su declaración —según dijo Otárola—, se limitó a decir en una pregunta que “se remitía a sus declaraciones anteriores”, y, posteriormente, dejó de responder.
“Esta investigación ampliatoria corresponde a lo mismo que ya antes he declarado; y que, por tanto, me remito a mil respuestas dadas en la primera declaración, donde no tengo responsabilidad. A partir de ahora voy a ejercer mi derecho a guardar silencio”, dijo Boluarte.
La magistrada también determinó que se amplíe la declaración en calidad de testigo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torres y se reprogramen las citaciones para que declaren como testigos 34 personas entre las que se encuentran el Comandante General de la Policía Nacional, Jorge Luis Angulo Tejada, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista Perea, su antecesor en el cargo Juan Carlos Liendo O Connor, jefes policiales y exautoridades regionales, entre otros.
Declaración de afectados
Benavides dispuso que se reciba la declaración de familiares de 27 personas que perdieron la vida durante las movilizaciones, así como de 241 personas víctimas del delito de lesiones, requerir información al Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, entre otras diligencias, que sean necesarias, útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de esta investigación.
