Las investigaciones de la Fiscalía sobre la represión a las protestas en Ayacucho y Juliaca, en diciembre y enero pasados, están retrasadas por falta de vídeos de cámaras cercanas a los aeropuertos donde murieron 24 ciudadanos, entre otras falencias del caso. Aeropuertos Andinos del Perú, empresa concesionaria de estos aeropuertos, borró sus grabaciones y persiste en que nunca tuvo registro de las calles.
Dos actas de la Fiscalía, suscritas cuatro días tras los enfrentamientos mortales en Ayacucho, recoge la versión del administrador del aeropuerto, Alejandro Chávez Farfán, que niega tener cámaras que den a la calle; solo reconoce que las hay “en el interior y exterior del edificio terminal” y asegura que las cámaras de la Municipalidad Andrés Avelino Cáceres habrían registrado hechos de violencia en las vías públicas fuera del aeropuerto.
Las actas, firmadas el 19 de diciembre del año pasado en Ayacucho, refieren que la fiscal que asumió entonces el caso, Yuli Obispo Yupanqui, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Derechos Humanos en esta ciudad, y su equipo, buscaron tener videos de los enfrentamientos, ocurridos cuatro días antes, grabados por cámaras de seguridad.
Vídeos borrados
Según reveló IDL-Reporteros, la concesionaria sostiene que los únicos videos de sus cámaras en estos complejos registrados el 15 de diciembre del 2022 y 9 de enero fueron borrados por haberse superado el plazo de 30 días establecido para conservar sus registros a pesar de que podría haber contenido material muy importante para la investigación de las 24 muertes.
“(…) El interés de la solicitante estaba motivado principalmente en tener acceso a las imágenes de la parte externa del aeropuerto, respecto de las cuales conforme se acreditó no se contó con las mismas en ningún momento”, señala la respuesta al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información, que había ordenado que entregue los videos solicitados por IDL-Reporteros.
Sin embargo, en Ayacucho los enfrentamientos se dieron también dentro del aeropuerto. La acción de la concesionaria podría ser considerada encubrimiento, según expertos.
