Camila, en 2020, demandó al Estado ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU por obligarla a continuar con un embarazo forzado. Hoy, ese mismo comité condenó al Estado peruano determinó que Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena sobreviviente de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto terapéutico legal en el país.
Camila podría ser muchas niñas
Camila vivía en una zona rural del Perú junto a su padre, un trabajador del campo; y su madre, una persona quechuahablante con una discapacidad severa. Cuando tenía nueve años, su padre empezó a abusar de ella. En noviembre del 2017, los síntomas de un embarazo no deseado la llevaron a contarle a su mamá y ambas decidieron denunciarlo.
Ante la policía, Camila reveló el abuso y la Fiscalía ordenó la detención preliminar de su agresor, quien en mayo del 2019 fue sentenciado a cadena perpetua.
Empieza el abuso estatal
La madre de Camila solicitó un aborto terapéutico. Sin embargo, el hospital nunca le informó sobre su derecho a interrumpir su embarazo y peor aún, nunca respondió a la solicitud. Inclusive, condicionó el servicio a la presentación de un informe médico y de una ecografía, exámenes que debieron realizarse en el mismo hospital.
A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea. Días después, una enfermera del centro de salud del pueblo donde vivía fue a visitarla en reiteradas ocasiones a su domicilio, acompañada de un efectivo policial, para forzarla a seguir sus controles prenatales.
Luego del aborto espontáneo sufrido por Camila, la representante del Ministerio Público tomó conocimiento de lo sucedido y, basándose únicamente en la entrevista que se le hizo a la niña meses antes, en la que dijo que no quería tener al niño, decidió denunciarla por el delito de “autoaborto”, que contempla la mayor pena en la legislación peruana para casos de aborto. Se le consideró “adolescente infractora” y se ordenaron diligencias revictimizantes.
Recordemos que el aborto terapéutico es un procedimiento médico legal en el Perú desde 1924 y se aplica en casos que la vida o la salud de la gestante se encuentra en riesgo. De acuerdo con la guía que establece pautas para la atención de estos casos, la respuesta a la solicitud de la madre debió llegar en seis días como máximo porque era derecho de la menor.
En Piura, hasta el 31 de mayo del 2023, se registraron 17 partos en menores de 11 a 14 años; mientras que en el Perú son 375 niñas que fueron madres producto de una violación. Camila, que es un seudónimo, podría ser cualquiera de estas niñas.
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