Más de 30 mil usuarios del servicio de transporte del Bajo Piura se ven perjudicados a diario porque no hay una línea autorizada que cubra la ruta. La municipalidad de Piura anuló el permiso por 10 años que tenía la empresa Consorcio Grau.
A través de Cutivalú, el gerente del Consorcio Grau, Santos Bayona Morales, señaló que ayer se reunió con el alcalde de Piura, Óscar Miranda Martino quien resaltó que no entregará permiso para que operen con los vehículos M2 (combi) porque eso sería retroceder en el ordenamiento del transporte.
Recordó que el permiso por 10 años lo entregó la exalcaldesa Ruby Rodríguez, sin embargo, la gestión actual lo anula porque supuestamente la ruta estaba cubierta por la empresa Emtrubapi.
“Hemos pedido un documento provisional para seguir en la ruta, pero nos han dicho que solo lleguemos al grifo Daniel (Los Polvorines), lo cual afectaría al usuario porque ello significaría pagar otro pasaje. Por ello, queremos que nos dejen llegar hasta el colegio Fátima”, resaltó el dirigente.
Actualmente, este consorcio opera con 17 unidades modelo M3 (buses) y 60 unidades de combis. Al día dejan de atender a 30 mil usuarios, por lo que convocará a sus asociados, organizaciones y sociedad civil a una movilización para exigir a las autoridades los dejen trabajar.
Por su parte, Rodolfo Inga Valladolid, abogado de la empresa, ha solicitado al alcalde Óscar Miranda que provisionalmente provisionalmente suspendan los operativos para que la empresa pueda trabajar en un determinada paradero y los pobladores no sean afectados.
Inga recordó que la ordenanza municipal 082, la cual regula el transporte en Piura, emitida por la gestión anterior, ha sido declarada viciada por el Tribunal Constitucional (TC)
“Es viciada porque necesitaba contar con una resolución ministerial emitida por el MTC, mediante la cual apruebe el cronograma de régimen extraordinario de permanencia de vehículos para transporte provincial. Entonces, esta ordenanza al no contar con esta resolución, anula todas las acciones administrativas que pueda realizar”, aseveró.
En ese sentido, refirió que al no ver una ordenanza, las empresas no pueden formalizarse y todos los temas de permanencia, renovaciones y autorizaciones que se pudieron entregar o denegar son nulos porque no tienen un respaldo legal.
