El próximo 6 de junio, los peruanos y peruanas acudirán a las urnas para la segunda vuelta del proceso electoral donde elegirán entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo para ocupar la presidencia. Dos candidatos presidenciales con marcadas diferencias y planes de gobierno que aún generan serios cuestionamientos.
En ese contexto, la economía del país es lo que genera gran preocupación frente al cambio de gobierno pues se cuestiona la continuidad del modelo neoliberal que rige actualmente pues la gente reclama un modelo económico mixto entre un Estado que garantice el acceso a los derechos básicos y el Mercado que administre y distribuya los bienes para dinamizar la economía.
Para la socióloga del Instituto Bartolomé de las Casas, Pilar Arroyo Rizo-Patrón, la población pide cambios radicales en el modelo económico porque durante años ha soportado que la cantidad de dinero que tiene determine su acceso a los servicios básicos que le corresponden por derecho. “Cuando uno pide un cambio radical del modelo, lo que está planteando es que no quiere que su dinero determine su acceso a sus derechos, no plantean desaparecer el mercado, porque es esencial, pero un mercado dejado al libre albedrío produce las situaciones que hemos visto durante la pandemia donde un medicamento que cuesta un sol las clínicas lo vendían a 169 soles”, remarcó.
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Sostiene que el cambio de modelo económico pasa por un cambio de la Constitución. “Los grandes empresarios y muchos medios de comunicación apoyan a la candidata de Fuerza Popular porque ella asegura la continuidad del modelo que les da grandes beneficios. Pero para que el capitalismo pueda subsistir tiene que cambiar y atender los grandes problemas de desigualdad y de medio ambiente”, remarcó.
La investigadora sostiene que la Constitución del 93 no protege la vida de los que no tienen poder adquisitivo es decir, de aquel que no tiene dinero. Asimismo, ata de manos al Estado cuando hay monopolios que abusan de su posición de dominio, que disparan sus precios de los productos y el Estado no puede hacer nada porque la constitución le prohíbe una supervisión más estricta del mercado.
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