Por: Ricardo Pineda Milicich
Escazú es una pequeña y apacible ciudad de Costa Ricas, cercana a San José la capital, pero con una gran atracción turística (Por lo menos 10 hoteles de primera clase aptos para convenciones). Pues ahora, esta pequeña ciudad ha subido sus bonos notablemente porque su nombre ya es conocido en toda Latinoamérica y el Caribe a raíz de las discusiones que se vienen dando, en los congresos, por la ratificación del “Acuerdo de Escazú”, que es un convenio internacional suscrito el 4 de marzo del 2018, por 24 de los 33 países que conforman Latinoamérica y el Caribe. Su objetivo es garantizar tres cosas fundamentales: la información, la participación y la justicia, en aspectos ambientales; también incluye algunas normas de protección para defensores y defensoras de derechos humanos ambientales. Este Acuerdo se empezó a gestar luego de la cumbre mundial sobre el ambiente realizada en Rio de Janeiro el año 2012 (Rio+ 20). Con el propósito de viabilizar, en la práctica, algunos enunciados y declaraciones, que siempre se dan en las cumbres mundiales. Durante varios años con participación de muchos especialistas, se concretó el documento que constituye el “Acuerdo de Escazú”, el cual mereció el respaldo de la OCDE, de la CEPAL, de la ONU, etc. tuvo una acogida mundial. No es como dicen, ahora, algunos detractores, que fue preparado por unos pocos burócratas
Concretamente, el articulo uno de este Acuerdo dice: “El objetivo de este acuerdo es garantizar la implementación, en América Latina y el Caribe, de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales, y acceso a la justicia de asuntos ambientales; así como a la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y con derecho al desarrollo sostenible”
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Ninguno de estos enunciados es una novedad. Los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia, ambientales, están registrados, reconocidos y protegidos, por innumerables convenciones mundiales; entre las más resaltantes: Rio de Janeiro 1992, Johannesburgo 2002, Rio+20-2012, Resolución 70/1 de las Naciones Unidas- 2015 referida a “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, en la que se precisaron los objetivos del Desarrollo Sostenible. En todas estas convenciones, y muchas otras, se consagra y ratifica los derechos antes mencionados, de participación, información y justicia. Lo único que ha hecho el “Acuerdo de Escazú” es desarrollar el principio 10 de la declaración de Rio y traducirlo en un documento muy pormenorizado, precisando el protocolo de cumplimento, que queda descrito en sus 26 artículos. Es decir, indica las cosas que hay que hacer para cumplir con los enunciados, declaraciones, mandatos, etc. que se toman en las conferencias mundiales, y que la mayor de las veces queda solo como letra muerta, por falta, precisamente, de un instrumento como lo es el Acuerdo de Escazú. Chile y Costa Rica fueros los países que más trabajaron y empujaron este Acuerdo, en su condición de presidencia compartida (Perú compartió una de las 4 vicepresidencias).
El paso siguiente, luego de la firma del acuerdo, es el de la ratificación por los respectivos Congresos de los países firmantes. En el presente caso, se requiere la ratificación de por lo menos 11 países; a la fecha lo han ratificado ya 9. Y es aquí cuando entra a tallar la política y los intereses de grupos de poder económico, tratando de torpedear el Acuerdo aduciendo falsedades y sinrazones, como que: atenta contra la soberanía del país, paralizará las inversiones, promueve la subversión, internacionaliza los litigios y somete al país a la corte de la Haya, etc. En Paraguay se llegó a decir que fomenta la ideología de género ¿? Como siempre, los dueños del poder político y económico no quieren ninguna sombra sobre su accionar que busca las mayores ganancias económicas, aun a costa de la destrucción de los recursos naturales y contaminación del ambiente. Esto ha desembocado en una campaña sorda de captación de votos, en los congresos para boicotear la ratificación del Acuerdo. Un hecho muy singular es el caso de Chile, que trabajó tanto en su formulación, con el apoyo del gobierno de Bachelet, pero que luego, con Piñeira, dio marcha atrás quedando muy mal parada su imagen y prestigio internacional. Igual es el caso de Brasil, que apoyó y trabajo por el Acuerdo, durante la gestión de Temer, pero luego se retiró con Bolsonaro. En el caso del Perú también se han dado marchas y contramarchas, que son indicativos de vaivenes políticos reflejo de conciliábulos e intríngulis de quienes no quieren que norma alguna impida o frene su desbocado “crecimiento económico” sin respeto por la naturaleza ni el desarrollo humano, ¿Cómo se explica que en agosto del año 2019 el Ejecutivo presente al Congreso un pedido de ratificación del acuerdo de Escazú, suficientemente fundamentado, con opinión favorable de todos los sectores e instancias pertinentes?.¿Y que en junio del presente año el Ministerio de Relaciones Exteriores envíe al Congreso una comunicación cuestionado el acuerdo? ¿Pasando por encima de todo el Consejo de Ministros y hasta del propio presidente de la república? (¿Vidaurre contra Vidaurre?) Aquí cabría la frase de Condorito “Exijo una explicación”
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En este marco de circunstancias, la pandemia del coronavirus ha levantado el telón y puesto en escena, en primer plano, esta trágica dicotomía de los ricos y poderosos, por un lado, y de los desheredados de la fortuna por otro. Esta histórica confrontación de cientos de siglos se exhibe con un máximo de resolución. Cunde la desesperación de los primeros por recuperar, a como de lugar, las ganancias y tiempo perdidos por la pandemia, sin parar mientes en cuanto puedan atentar contra el ambiente y la equidad social; y en esta ruta arremeten contra las leyes, convenios internacionales, acuerdos, etc. que con tanto esfuerzo se han logrado en todo el mundo, después de la histórica cumbre de Estocolmo el año 1972. En la otra esquina, con mucho menos peso específico, con casi nulo poder político y económico, el resto de la humanidad da la pelea en defensa del derecho a la vida, que conjuga todos los demás derechos, tanto tangibles: aire puro, ríos y mares limpios, tierra fértil, flora y fauna silvestre vigorosas, cultivos y frutos libres de contaminación, etc. así como intangibles: participación, información, justicia, protección de los que luchen por ellos, que es de lo que precisamente se ocupa el “Acuerdo de Escazú”.
Es de una enorme responsabilidad ambiental, social, cívica y moral, defender este Acuerdo porque de ello depende, en gran medida, el destino de la tierra como planeta habitable en nuestro sistema solar. En septiembre de este año se cumple el plazo para su ratificación en el Congreso de la Republica. No queda mucho tiempo.
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