En un intento por hacer frente a la creciente ola de criminalidad, impulsada por la minería ilegal el Ejecutivo declaró este lunes el estado de emergencia por 60 días en la capital de La Libertad, Trujillo, y en la provincia de Pataz, para ello, se ha autorizado el ingreso del Ejército para colaborar con la Policía en el restablecimiento del orden y la seguridad ciudadana.
El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, destacó que la medida incluye la prohibición de eventos sociales y espectáculos durante las horas de la madrugada, desde la medianoche hasta las 4:00 a.m., con el objetivo de combatir la actividad delictiva.
Incidencia delictiva
Se detalla que Trujillo ha experimentado un alarmante aumento en la incidencia delictiva, con más de 30 mil delitos reportados el año anterior, incluyendo robos y hurtos. Además, se registra casi una muerte diaria en la provincia, lo que evidencia la presencia y actividad de bandas criminales que operan principalmente en áreas urbanas densamente pobladas.
“El año pasado ha habido más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil por hurtos y robos en toda la provincia. Este 2024 se produce casi una muerte por día; en consecuencia, existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño, especialmente a las zonas más densas”, informó el premier.
En cuanto a Pataz, se señala la ejecución de sabotajes a torres de alta tensión, atentados con explosivos y el crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Se estima que más de 20 bandas organizadas están involucradas en actividades ilícitas relacionadas con el comercio del oro, lo que ha generado un ambiente de inseguridad y violencia en la zona.
Fuerzas armadas
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, destacó la gravedad de la situación en Pataz y anunció que las Fuerzas Armadas asumirán un papel activo en el control del orden interno, con el apoyo de la Policía Nacional, en aplicación de decretos legislativos específicos. Se hace hincapié en que los grupos criminales en esta provincia poseen armamento sofisticado y representan una amenaza mayor que la delincuencia común.
El titular admitió que los grupos criminales que controlan esta provincia emplean “armamento de largo alcance y superan las características de la delincuencia común que enfrenta la PNP de manera habitual”, por lo que el Ejecutivo “debe responder con toda su fuerza”.
El gobierno también ha hecho un llamado enérgico a las bandas criminales, asegurando que no se tolerarán actos delictivos impunes en ninguna parte del territorio nacional. Se ha enfatizado la determinación del Estado peruano para enfrentar y neutralizar estas organizaciones criminales.
Pedido de estado de emergencia
La decisión de declarar el estado de emergencia se produce después de reuniones entre el gobernador de La Libertad, César Acuña, y altos funcionarios del gobierno central, donde se discutieron medidas urgentes para abordar el problema de la inseguridad en la región. Se ha mencionado la posibilidad de establecer una base militar en Trujillo como parte de las acciones para mejorar la seguridad en la zona.
“He venido a conversar con la presidenta para que tome a La Libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad. Del primero de enero hasta ahora, hay más de 33 muertos. ¡Todos los días un muerto!”, se quejó el líder de Alianza Para el Progreso
Acuña mencionó, de igual modo, que “en estos días” serían entregadas las camionetas para enfrentar la inseguridad ciudadana y que se había destinado presupuesto para que su región sea la primera en albergar un Laboratorio de Criminalística a nivel nacional.
