En una acción coordinada entre fiscales del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICOOP) y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional del Perú (PNP), se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del estudio del abogado Óscar Nieves Vela, quien representa legalmente a la presidenta Dina Boluarte.
Los allanamientos se realizaron en dos inmuebles situados en el distrito de Miraflores, específicamente en la Avenida La Mar y en la Calle Santander. Según registros de la SUNAT, estas locaciones albergan las oficinas de Nieves Vela Estrategias, Gestión & Servicios Legales S.A.C.
Esta acción forma parte del operativo Valkiria XI, que investiga una presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Durante el desarrollo del operativo, fueron detenidos sus exasesores Miguel Girao y Abel Hurtado, así como el abogado Luis Castillo Alva.
Según las investigaciones del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, Óscar Nieves habría entregado dinero al fiscal supremo provisional Marco Huamán, así como a los exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, para obtener el archivo de algunas denuncias. Nieves enfrenta cargos por presunto delito de organización criminal y colusión agravada.
Patricia Benavides y la EFICOOP
En el contexto de la investigación contra Benavides y en el marco de la Operación Valkiria XI, se realizaron allanamientos en 21 inmuebles y se detuvo a 7 personas, incluidos el asesor de la fiscal suspendida de la Nación, Miguel Ángel Girao Isidro, Abel Hurtado Espinoza, José Luis Castillo Alva, Giancarlo Valer Enciso, Jorge Luis Palomino Quesada, Mirtha Cristina Gonzales Yep y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho.
Los delitos imputados a los detenidos están relacionados con organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros.
Tras las detenciones preliminares, la suspendida titular del Ministerio Público emitió un pronunciamiento. «Rechazo la burda maniobra evidentemente concertada de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y opinión pública. Así forzar la injusta destitución como fiscal pese a la inexistente pruebas en mi contra e incluso mencionar a mis menores hijos».
