Por: Nadia Agurto, coordinadora del Proyecto «Voces por la igualdad».
Al analizar el caso de Azul Rojas Marín nos ponemos a pensar cuánto ha tardado en nuestro país el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos de una persona LGTBIQ.
¿Cuán ha sido el largo y duro recorrido de Azul?, quien en algún momento, según relata en entrevistas a diferentes medios, sufrió la fragmentación de su familia debido a los hermanos y hermanas que partieron. Solo quedó ella junto a su madre, quién fue soporte emocional y su motivación para seguir en este caso. Ambos estuvieron en esta lucha. Pero su madre falleció y hoy ya no se encuentra con ella.
El pasado 3 de noviembre, precisamente se dio un hecho histórico en nuestro país. En un acto importante, el Estado Peruano recibió el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ofrecer las disculpas públicas ante Azul Rojas por haber incurrido en discriminación, violencia y tortura contra ella.
Pero es importante recordar que ocurrió con Azul para entender la magnitud de los hechos:
En febrero de 2008, efectivos de la comisaría de Casa Grande, en Ascope, detuvieron a Azul Rojas sin razón alguna. Después de su traslado a la dependencia policial, fue “desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada”. Pese a la denuncia realizada ante la misma PNP, ésta se archivó un año después. Sin embargo, Azul y su madre no se amilanaron y acudieron a instancias internacionales, las cuales acabaron dándoles la razón el 17 de marzo de 2020, obligando al Estado a proceder con la disculpa.
Por ello, consideramos que frente a este acto público el Estado peruano sienta un precedente y en adelante el trato que se considerará hacia los integrantes de comunidad LGTBIQ será como lo que son: seres humanos que necesitan que se les garantice, urgentemente y en todo momento, sus derechos fundamentales.
Según cuestiones de fondo, del caso elevado hasta CIDH cuando se comete el agravio contra Azul, se evidenció la violencia estructural que sufre este grupo en vulnerabilidad. Se aprovecharon de su condición por tener una identidad sexual diferente a lo que señalan los estereotipos de género y se manifiesta en todo momento a través de las expresiones de violencia, los mensajes sexistas, discriminadores y manifestación de conductas homofóbicas, así como la expresión de la superioridad y de subordinación solo por su orientación sexual. Así claramente se mostró ensañamiento contra los derechos fundamentales de Azul. Con ello, también se evidencia que aún persiste la discriminación estructural que afrontan las personas LGTBIQ, estigmatización .
Sin embargo estas categorías están protegidas por la CIDH y claramente los Estados deberán garantizar el Derecho a la igualdad y no discriminación.
Por ello estaremos vigilantes desde la sociedad civil para que las autoridades peruanas cumplan con las recomendaciones que se consideran en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éstas son:
- Realizar las investigaciones para determinar y sancionar a los responsables de la tortura de Azul.
- Otorgar tratamiento Médico, Psicológico o Psiquiátrico para la Víctima.
- Elaborar un protocolo para casos de violencia de personas víctimas de la comunidad LGTBIQ
- Elaborar un plan de capacitación para la prevención de violencia para personas LGTBIQ
- Eliminar el indicador: Erradicación de Homosexuales y travestis de planes de seguridad ciudadana y serenazgo de Perú
- Y finalmente pagar las indemnizaciones correspondientes a las víctimas.
¡La tarea tiene que empezar y pronto!
