Por: Wilmer Fernández – Director de Cutivalú
Los políticos que gobiernan hoy el Perú han establecido un estado para la criminalidad. En su afán por crear leyes para salvar sus crímenes contra el Estado peruano, han favorecido un marco legal que las organizaciones criminales están aprovechando muy bien para cometer sus crímenes.
En estos tiempos, mientras los medios de comunicación de cobertura nacional llevan ya más de un mes hablando de un tal Chibolín, un bufón de la farándula y de políticos, un tipo superficial, de aquella clase de comunicadores de la televisión basura, de esa televisión que embadurna las mentes de los peruanos y peruanas con basura televisiva; la inseguridad, la muerte y el miedo, campean en las principales ciudades del Perú.
Cientos de familias lloran sin consuelo a sus hijos e hijas desparecidas, asesinadas… Otras viven en la frustración generada por las extorsiones o los robos a manos armada. Ciudades como Paita, Piura, Sullana, Trujillo, Lima, y otras del país, se están convirtiendo en zonas rojas, en lugares inhabitables para las personas.
Los que sí están en su salsa son las organizaciones criminales e ilegales, que es lo mismo. Éstas están empoderadas gracias a la ley del Congreso de la Republica, que modifica la definición de organización criminal, al especificar que debe ser un grupo con “estructura compleja y desarrollada y con mayor capacidad operativa.” Esta normativa favorece a los criminales, al eliminar la posibilidad de allanamientos sorpresivos, debilitando así las investigaciones sobre trata de personas, extorsión y otros delitos graves. Esta ley implicaría que solo se consideren graves los delitos con penas superiores a seis años de cárcel. Esto excluiría del ámbito de la ley delitos como el tráfico de órganos y tejidos, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilegal de datos personales.
Según los especialistas, quedarían fuera de esta categoría delitos como la estafa agravada, el tráfico de productos pirotécnicos, la tala ilegal, la tortura simple, la concusión, la colusión simple, el peculado, el cohecho pasivo, el soborno internacional pasivo, la negociación incompatible y el enriquecimiento ilícito básico. Esta reducción en la cantidad de delitos procesados bajo las normas actuales debilita significativamente la efectividad de las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada. Hoy las organizaciones criminales, además de los partidos políticos con procesos judiciales por corrupción, están haciendo su fiesta. Mientras tanto la población peruana está abandonada a su suerte ante el incremento de la criminalidad y la violencia.
¿Qué nos queda hacer a la ciudanía en este contexto, que resalta por la ausencia del Estado en su territorio y por el abandono de la población?
En primer lugar, no ser indiferente al dolor que produce en cientos de familias la violencia generalizada. En segundo lugar, debemos movilizarnos contra esa generación de políticos y funcionarios ineficientes e indolentes que ocupan los puestos del Estado.
La idea errónea de que la política sirve para robar y no hacer nada, no debe justificar su incapacidad para resolver los problemas del país. Y si no pueden hacerlo, deben irse y dejar esos puestos a personas con mejor capacidad para llevar nuestras instituciones. No podemos tener funcionarios o policías que le dicen a la madre de una niña desaparecida “investigue usted y lo que descubra nos lo trae a nosotros”. Un estado que trata así a su población es un Estado fallido.
En tercer lugar, hoy se realizará en Piura una movilización, una gran caminata denominada “Juntos, juntas en la lucha contra la trata de personas y por las desaparecidas». La ciudadanía piurana no debe normalizar el hecho de que desaparecen hasta dos mujeres por día en nuestra región de Piura.
