Editorial || ¡Basta de impunidad en el Congreso del Perú!

Por: Miguel Márquez, especialista de gobernabilidad del Proyecto «Voces por la igualdad». 

Tras las violentas protestas que se producen en el sur del país, dejando un saldo de 47 compatriotas fallecidos, desde la destitución de Pedro Castillo como presidente de la República del Perú, según la Defensoría del Pueblo. Queda claro que nuestro país se encuentra dividido entre quienes buscan que haya un adelanto de elecciones a fines de este año, por la falta de credibilidad de nuestra clase política instaurada, y por otro lado, quienes asumen la postura del Congreso en arraigarse del cargo parlamentario hasta el 2024.

En el año 2021, se llevaron a cabo las Elecciones Generales, teniendo como resultado al partido político Perú Libre con 37 parlamentarios en el Congreso de la República para el periodo 2021-2026, lo que implicaba la banca con mayor número de representantes. Es recurrente y anticuado escuchar y leer en las contiendas electorales, como candidatas y candidatos se catalogan “Defensores del pueblo”. La población tenía mucha expectativa de este Congreso, por el hecho de haber tenido un Congreso, con un nivel de rotación de congresistas alto.

En el mes patrio del año pasado, se presentó un caso de abuso sexual en el Congreso de la República teniendo como agresor al congresista Freddy Díaz, género intriga y preocupación de la ciudadanía. De inmediato la Comisión de Ética aprobó el informe que lo suspendía por 120 días, al acusado de violar sexualmente a una trabajadora de su despacho en el parlamento. Que en ese momento integraba en la bancada con mayor número de representantes.

En la coyuntura que atraviesa nuestro país, anteriormente mencionada. La población esperaba el 10 de enero del presente año, que el Pleno del Congreso muestre sensibilidad y el cumplimiento de la Constitución, ante un caso de violencia hacia la mujer. Una vez más, nos defraudo a 32 millones 131 mil 400 peruanos y peruanas, al no contar con 66 votos de 100, que permitía inhabilitar al congresista Freddy Díaz por 10 años de la función pública.

Me pregunto ¿Cómo podemos hacer afectiva la Ley N°30364, para prevenir sancionar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar?, y las ideas fuerza se diluyen en segundos, al conocer que dos congresistas, exministras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), votaron en abstención. Es muy lamentable, que mujeres y hombres que llegan a un cargo público a tomar decisiones influyentes de un país, prioricen negociar votos entre bancadas del Congreso y alcanzar sus beneficios personales. De qué manera las sobrevivientes pueden realizar su denuncia, si estos hechos muestran que no existe voluntad política de erradicar la violencia contra la mujer. Al pasar de las horas, el Pleno del Congreso presento una reconsideración por la deshonrosa votación de inhabilitar al acusado de violación para el día 12 de enero.

Con un Congreso desprestigiado y acorralado, decidió reconsiderar el caso en sesión del Pleno, teniendo como resultado la aprobación de inhabilitación por 10 años en la función pública al congresista Freddy Díaz, con 77 votos. Tras su inhabilitación expreso lo siguiente “Es un exceso y abuso lo que han cometido hoy”. Deseamos que se agilice el proceso y obtenga justicia a la sobreviviente, en un sistema judicial que normaliza este tipo de casos ¡Basta de impunidad en el congreso del Perú!

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