Al culminar las visitas al Perú para recibir información sobre los casi 50 fallecidos en las protestas pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones generales, el jefe de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Stuardo Ralón, recordó al Estado su deber de realizar una investigación imparcial en un tiempo razonable y a cargo de fiscalías especializadas en derechos humanos.
Esta es una de las conclusiones de la delegación que sostuvo más de 60 entrevistas a víctimas, familiares, autoridades y representantes de la sociedad civil sobre las acciones para enfrentar las protestas sociales.
Condenando todo tipo de violencia, Ralón recalcó que se han registrado 47 fallecidos, de los que 7 son adolescentes; y entre los heridos hubo 650 civiles y 290 miembros de seguridad, principalmente en el sur del país, donde su población se autoidentifica como indígenas y campesinos.
Mencionó que se han producido 68 hechos de violencia, como la toma o ataques a locales públicos y privados.
Uso excesivo de la fuerza
Detalló que tanto en Ayacucho como en Juliaca y Cusco recibieron denuncias de que las fuerzas del orden hicieron uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. “El Estado tiene el deber de realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas en un tiempo razonable por parte de las fiscalías especializadas y la de derechos humanos; y sancionar a los responsables”.
Agregó que, por la naturaleza de lo sucedido, la investigación debe tener un enfoque étnico-racial y determinar las responsabilidades por cadena de mando y quiénes hicieron los disparos.
Adelantó que en las recomendaciones que presentarán dentro de un mes plantearán hacer un acompañamiento a las investigaciones de la Fiscalía.
Ni un muerto más
Ralón señaló que no debe haber un muerto más y para evitarlo se debe iniciar un proceso de diálogo amplio y que empiece con gestos como el inmediato traslado a Lima de las víctimas graves, que requieren cuidado especial.
Dijo que el Estado se ha comprometido a actuar con protocolos de uso de la fuerza, respetando estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. “Vemos una situación complicada. Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. Esperamos que no haya un muerto más”, indicó.
Comentó que una investigación especial debe definir si Boluarte tiene responsabilidad en estos hechos, pero recalca que, si se quiere avanzar en el camino del diálogo, tiene que haber empatía no solo de la presidencia, sino de las autoridades ante al dolor de los afectados.
Aclaró que la CIDH no puede dar una recomendación política, como una posible salida de la presidenta Dina Boluarte, e invocó a un diálogo amplio que genere ciertos acuerdos que deben ser implementados según el Estado de derecho.
Ralón instó al Estado peruano a reglamentar con parámetros objetivos y claros la acusación por infracción a la Constitución, la vacancia presidencial por incapacidad moral y la disolución del Congreso, que han generado la crisis política de los últimos años. Agregó que preocupa la desconfianza de la población en las instituciones.
Recibieron denuncias contra la prensa
El relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, sostuvo que han recibido denuncias de periodistas que están siendo agredidos por manifestantes y policías. Pero también han recogido reproches sobre el papel de la prensa, por lo que hizo un llamado a “la profunda reflexión” sobre la calidad de los contenidos.
Pidió cesar la estigmatización e instó a los medios a recoger las voces de la población, pues acusaron a la prensa de poca empatía para cubrir las protestas.
Fuente: La República
Gobierno declara el 2023 «Año de la unidad, la paz y el desarrollo»
