Entre el 2014 y 2018, prescribieron estos casos debido a la lentitud e ineficiencia de los exintegrantes de las Comisión de Procesos Adminitrativo Sancionador [Coproa] de la Dirección Regional de Educación.
El director regional de Educación, Dionisio Pintado, explicó que ya enviaron los casos a la Procuraduría del Gobierno Regional, para que allí se determine si hay responsabilidades penales, por parte de los exintegrantes de la Coproa como de las personas que son investigadas y no han sido sancionadas.
“En lo administrativo (los casos) prescribieron, pero se tomará otra medida que es la penal. Además de los 18 mencionados, hay más casos, cuya investigación no se llevó a cabo con celeridad. Sobre ello, estamos recabando información para enviar a la Procuraduría”, enfatizó el funcionario.
Señaló que, con esta medida se busca que los actos de corrupción no queden impunes en la DREP, y que los presuntos responsables no sigan trabajando en el sector.
Añadió que los informes de la DREP tienen relación con las investigaciones de Contraloría de la República. “De acuerdo a la Contraloría, hay más de 10 millones de soles desviados en las UGEL de la región”.
Trabas
En otro momento, Pintado mostró su preocupación por las trabas que existen en Servir, pues cuando la Coproa investiga y sanciona, la persona implicadada recurre a Servir, y esta entidad retrotrae la investigación, ocasionando que la sanción sea reducida o se absuelva al investigado.
“No sé dónde estará el problema, pero Servir en varias ocasiones contradice la investigación de las Coproa. Por ejemplo, tenemos el caso del director del Colegio de C.P de Barrios, cuya sanción fue de siete meses, pero Servir le redujo a dos meses de suspensión de labores”, expresó el titular de Educación.
Indicó que el órgano de Servir no debería ver los casos de forma sino de fondo, pues en esto último es dónde se determina si se cometió delito.
Acción Anticorrupción
Por su parte, el decano de Profesores, William Bayona, precisó que no basta solo con notificar a la Procuraduría, sino también denunciar de oficio ante el Ministerio Público, para que la investigación tenga sustento legal, por si lo administrativo no resulta efectivo:
“Sería positivo que la DREP denuncia en la vía civil y penal, ello tendría efecto inmediato. Los asesores legales de las UGEL deberían informar a la DREP los actos irregulares que pueda haber en las ejecutoras para justificar sus honorarios”, señala el docente.
Fuente: El Tiempo
