Los próximos días son decisivos para la situación legal de Dina Boluarte y es que este 25 de octubre vence el plazo de la investigación preliminar de la fiscal de la Nación contra la presidenta y un grupo de sus ministros por la muerte de 50 peruanos en las protestas conta su gobierno, entre diciembre del 2022 y enero del 2023.
Según la denuncia de los abogados de los deudos podrían salir librado por la falta de atención expresada por la Fiscalía de la Nación respecto al desarrollo de diligencias y la ampliación de estas.
Como se sabe, en enero de este año, la Fiscalía de la Nación dispuso el inicio de una investigación preliminar en contra de la mandataria Dina Boluarte por las denuncias de genocidio, homicidio calificado, y lesiones graves por un periodo de nueve meses.
La idea general sobre estas investigaciones, que acarrean graves imputaciones en contra de Boluarte, su primer ministro, y los ministros de Defensa y del Interior, así como otros altos mandos militares de las Fuerzas Armadas; era que se proceda con una ampliación de las pesquisas. No obstante, hasta la fecha, esta disposición no ha llegado a ninguna de las partes defensoras de los deudos, faltando menos de dos días para el vencimiento del plazo
La situación se vuelve especialmente preocupante, pues entre las últimas acciones emitidas por Dina Boluarte, se detalla la presentación de una solicitud de archivamiento de todas las investigaciones en su contra, y su accionar ante las diligencias y preguntas de la Fiscalía de la Nación ha sido la de abstenerse de declarar.
Además de la actitud mostrada por el Ministerio Público en el transcurso de las diligencias, que se mostró esquiva ante los requerimientos de los abogados de los deudos y la Procuraduría General del Estado.
Abogados se pronuncian
Para ello, los abogados a cargo de los casos de Ayacucho y Puno, los principales defensores de los deudos, Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL); y Gloria Cano Legua, abogada de Aprodeh, han afirmado que no habían recibido notificación alguna por parte de la institución, y que, incluso, quedan una serie de toma de declaraciones y reprogramaciones pendientes de ser atendidas por parte del Ministerio Público.
