Desde el Congreso de la República se busca modificar de forma acelerada la cuestión de confianza y con una norma de rango inferior: la llamada ley de interpretación auténtica. Es así que las bancadas de Fuerza Popular, APP, AP, Podemos, RP y Avanza País, en la Comisión de Constitución, han aprobado un dictamen en el que plantea que el presidente Pedro Castillo estaría impedido de pedir cuestión de confianza por reformas constitucionales e incluso por leyes que eventualmente pueda necesitar para sacar adelante políticas generales de su gobierno. La prohibición alcanza a las competencias que son exclusivas de otros organismos constitucionalmente autónomos.
En entrevista con Cutivalú, el constitucionalista del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz Molleda, califica este dictámen de inconstitucional porque atenta contra algo básico en el sistema político que rige en el Perú: el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso.
Ruiz Molleda sostiene que este equilibrio de poderes forma parte de la Constitución Política y no puede ser modificado, ni mucho menos puede ser objeto de alguna reforma, uno de los mecanismos que lo regula: la cuestión de confianza. “El régimen político del país supone que el Ejecutivo y el Congreso se van a controlar mutuamente, pero si tú cambias algo, puedes alterar este equilibrio (…) No se trata de modificar una norma [Cuestión de confianza] de manera aislada, porque esa norma es parte de un equilibrio”, enfatiza el especialista.
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TC: la última palabra
Pero ¿qué pasaría si el dictamen de la Comisión de Constitución es aprobado en el Pleno y convertido en ley? El doctor Juan Carlos Ruiz señala que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional – TC. Para ello, recomienda que el Ejecutivo interponga una demanda de inconstitucionalidad para que el TC evalúe lo aprobado por el Congreso.
Sin embargo, advierte la pretensión que tendrá el Parlamento de elegir rápidamente a los nuevos miembros del TC con el objetivo de que sean afines a sus intereses y fallen en contra de toda demanda que presente el Ejecutivo. “Si esto llega a un Tribunal con un mínimo de independencia, se va a tumbar esa norma (…) Ahora, por eso es el interés de este Congreso por apurarse en elegir a los magistrados del TC. Por eso están desesperados”, opina el constitucionalista de IDL, Ruis Molledo.
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