Marcelino Ynga y Santos Maza, integrantes del Colectivo de Defensa del Bosque Seco denunciaron la tala indiscriminada de cerca de mil 950 hectáreas realizada por la empresa Inversiones Bajo Piura (antes Santa Regina), las cuales están judicializadas porque tanto la empresa como la Asociación de Pequeños Ganaderos de Cruz Blanca reclaman la propiedad de las mismas.
En entrevista con Cutivalú, los comuneros señalaron que se ha cometido un arboricidio debido a la tala indiscriminada de especies que también sirven como alimento para el ganado.
Santos Maza, presidente de la Asociación de Pequeños Ganaderos de Cruz Blanca de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos, declaró que han interpuesto una denuncia al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) debido a que la empresa alega que cuenta con el permiso de la entidad.
“Están talando y enterrándolo para que no haya huellas, por eso pedimos a Serfor que investigue y haya justicia”, dijo el comunero.
Por su parte, Marcelino Ynga, miembro de la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos, explicó que las empresas vinculadas al Sodalicio como la empresa San Juan y Santa Regina estarían detrás de lo que denominó como un “arboricidio”.
“Cuando una área se encuentra judicializada no se puede hacer el daño criminal que han hecho a estos miles de árboles”, enfatizó Ynga.
En esa línea los comuneros solicitan una explicación a Serfor y al Poder Judicial, ya que ninguna de las partes implicadas en el proceso cuentan con permiso para deforestar la zona señalada.
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