El alcalde de Querecotillo, Santos Ramón Silupú Ruiz, y su antecesor en el cargo, Jorge Irazabal Alamo, han sido comprendidos en la denuncia ante el Ministerio Público por el supuesto delito de colusión. Ambos son investigados por un paquete de obras paralizadas hace cuatro años, lo cual afecta a quince centros poblados.
Los dirigentes de estos centros poblados denunciaron en la Fiscalía Anticorrupción de Sullana a Silupú y a Irazabal por supuestos vicios cometidos durante la construcción de la obra de “Mejoramiento del sistema potable y saneamiento de los centros poblados de Cautivo, San Francisco, Nueva Esperanza de San Francisco, Chocán, Santa Rosa, Santa Victoria, Jaguay y Nueva Esperanza”.
La denuncia también comprende otro proyecto denominado “Mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de los centros poblados de Pueblo Nuevo, La Margarita, Hualtacal, Santa Elena Alta y Baja”.
Las obras iniciaron en el 2014 durante el gobierno de Jorge Irazabal, y fueron heredadas en la gestión de Santos Ramón Silupú.
Según la denuncia, los expedientes de los proyectos son “defectuosos y sobrevalorados lo que genera problemas en la ejecución de los trabajos y acarrea mayores gastos”.
Las empresas encargadas de estas obras solicitaron durante la ejecución de los trabajos hasta 12 ampliaciones de plazo. Los proyectos finalmente fueron abandonados en condiciones deplorables, afectando a cientos de familia de esos centros poblados.
Del peritaje elaborado a pedido de la municipalidad de Querecotillo se desprende que las empresas cobraron en demasía por trabajos no ejecutados, generando un perjuicio económico.
Por tal motivo, 3 exfuncionarios de confianza han sido denunciados por el propio Santos Ramón Silupú ante la Fiscalía, aunque para los dirigentes el alcalde no estaría exento de responsabilidad. Por ello, ahora último, él también ha sido denunciado por los dirigentes.
Al respecto, el jefe de Infraestructura, Wilmer Farfán Mariñas, señaló que desde la entidad se están haciendo los esfuerzos necesarios para sacar adelante estos proyectos.
Por lo pronto, “hemos contratado a un perito y ya se ha hecho el informe que lo hemos enviado al Ministerio de Vivienda”, indicó.
“El peritaje concluye que hubo componentes mal ejecutados, componentes sobrevalorados, insumos no cancelados que el contratista lo ha cobrado. Además que la obra (de La Margarita) está en un 65 % y el (avance) económico bordea casi el 100 %”, puntualizó.
Por último, informó que “las obras han sido liquidadas para que el proyectista, contratado por la municipalidad, elabore los expedientes de saldo de obra que nos pide el Ministerio de Vivienda para que nos puedan financiar la diferencia del saldo que se dejó de ejecutar”, manifestó.
(Fuente: Correo)
