El sábado 11 de diciembre, el juez Rafael Martínez resolvió abrir un proceso penal contra el exdictador Alberto Fujimori y los exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Mariano Costa Bauer, Alejandro Aguinaga (actual congresista de Fuerza Popular) y otros por el presunto delito de lesiones graves seguidas de muerte en el marco del caso de las esterilizaciones forzadas.
Para la organización feminista Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer- esta decisión judicial “es una luz y aliento de esperanza en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas sobrevivientes y los familiares de Mamerita Mestanza y Celia Ramos y otras mujeres fallecidas”.
Cutivalú dialogó con la ex directora y abogada de Demus, María Ysabel Cedano García, quien destacó lo trascendental de esta decisión luego de 16 años de investigación por parte de la Fiscalía, iniciada en el 2002. Fue en 2018, en el que se entabló la denuncia penal ante el Poder Judicial.
Cedano García explicó que ahora es el Poder Judicial quien iniciará una investigación sobre las más de 180 pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Esto es un paso previo a un juicio oral contra el exdictador, Alberto Fujimori y sus exministros de salud. “Tras más de dos décadas de lucha, se logra un nuevo hito para la verdad y justicia de miles de mujeres cuyos derechos humanos fueron violados”, manifestó a Cutivalú, María Ysabel Cedano.
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Juzgado y Fiscalía ad hoc
Demus le exige a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, y a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, crear un juzgado y fiscalía ad hoc respectivamente, con el fin de disponer de una atención prioritaria al caso de esterilizaciones forzadas que implicaría personal especializado y exclusivo por este trabajo.
Ello, también con el fin de que el tiempo de investigación judicial no se extienda. “Y si en todo caso el tiempo se extiende, este no dure más de un año, pues justicia que tarda, no es justicia”, reflexiona la ex directora y abogada de Demus, María Ysabel Cedano, quien también espera que el Ministerio de Justicia garantice la defensa a las más de mil personas, en su mayoría mujeres, que aún no cuentan con defensa.
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¿Qué fueron las esterilizaciones forzadas?
Se trató de un programa de control de la natalidad, conocido como Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, implementado como una medida para combatir la pobreza, según la dictadura de Alberto Fujimori, con el fin de reducir las tasas de natalidad en sectores de escasos recursos, por lo que el gobierno fujimorista señaló que los procedimientos quirúrgicos fueron realizados con el consentimiento de los pacientes.
Sin embargo, más de 2.000 mujeres han dicho lo contrario. Señalan que fueron forzadas, chantajeadas, engañadas o acosadas para dejarse practicar la operación. Según el Ministerio de Salud – Minsa, fueron más de 270.000 mujeres y 22.000 hombres, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos, fueron esterilizados entre 1996 y 2001.
En Piura, una de las víctimas de las esterilizaciones forzadas fue Celia Ramos, de La Legua, en Catacaos. A ella le ligaron las trompas sin su consentimiento informado y falleció tras una complicación médica en 1997. Celia Ramos dejó en la orfandad a tres niñas.
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Cabe indicar que para Demus, esta decisión judicial también es un precedente favorable para las investigaciones masivas que están en sede fiscal y que agrupan a otras miles de víctimas de esterilizaciones forzadas.
Atienden a más de 50 víctimas de las esterilizaciones forzadas en Huancabamba
